La Secretaría de Estado para la Migración (SEM) publicó su segundo informe oficial sobre expulsiones vinculadas con personas extranjeras que infringieron la ley en Suiza. El documento detalla cuántas órdenes se emitieron durante 2024, qué proporción se concretó durante 2025, de qué países provienen los expulsados y cómo se estructuran las prohibiciones de ingreso que complementan estas medidas. Las cifras muestran un sistema estable, exigente y con controles estrictos.
La información difundida también incluye diferencias por edades, nacionalidades predominantes y composición por género. El informe ofrece una radiografía precisa de cómo funciona el mecanismo de expulsión en casos penales y cómo se fortalecen las restricciones fronterizas mediante prohibiciones de ingreso.
La publicación confirma que el volumen de decisiones adoptadas por Suiza mantiene un rango elevado y responde a criterios uniformes entre cantones y autoridades federales.
Un año con más de dos mil expulsiones
Durante 2024 se dictaron 2446 órdenes de expulsión vinculadas con infracciones penales cometidas por personas extranjeras. Se trata de una herramienta contemplada por la legislación suiza para casos en los que la justicia determina que un individuo no debe continuar residiendo en el país.
Para mediados de 2025, el 69% de esas órdenes ya estaba ejecutado. Esa proporción crecerá con el avance de los procedimientos pendientes. En el informe se aclara que los plazos dependen de revisiones judiciales y de trámites administrativos que requieren coordinación entre distintos organismos.
En 2023 se registraron 2250 expulsiones. Para mediados de 2024, alrededor del 73% se encontraba cumplido. La comparación muestra una variación moderada entre años y confirma que el sistema mantiene ritmos constantes.
Las autoridades destacan que el cumplimiento real de una orden de expulsión involucra distintos niveles de coordinación. Deben intervenir tribunales cantonales, oficinas federales, autoridades de frontera y también los países de origen. La SEM remarca que la articulación institucional influye de manera directa en la velocidad de ejecución.
Qué países concentran más expulsiones
El informe de la SEM precisa las nacionalidades más frecuentes dentro del conjunto de personas expulsadas. Argelia figura en primer lugar con un 14% de las órdenes ejecutables. Albania aparece en segundo puesto con un 11,5%. Luego siguen Rumania (9,6%), Francia (6,4%) y Marruecos (5,8%).
Estos datos muestran una distribución amplia. No existe un único país dominante. La combinación de regiones europeas, magrebíes y africanas evidencia que las expulsiones responden a contextos variados y a delitos de distinta naturaleza.
El análisis etario indica que la franja predominante es la de 25 a 34 años. Es el grupo que más aparece en infracciones penales que pueden derivar en una expulsión, como agresiones, robos, daños o incumplimientos reiterados de obligaciones migratorias. Solo el 7% de los expulsados son mujeres.
Las autoridades atribuyen esa diferencia a tendencias penales de larga data. En Suiza, los hombres representan la mayoría de los acusados por delitos que podrían conducir a una expulsión. Esta proporción se mantiene estable en las estadísticas judiciales y se refleja en el informe, lo que permite entender la asimetría de género sin interpretaciones forzadas.
Otro elemento central del documento es la acumulación de antecedentes. Muchos expedientes muestran una combinación de faltas y delitos menores repetidos, junto con situaciones de residencia irregular. Según la SEM, la expulsión suele ser el resultado de un patrón constante de infracciones, y no de un solo episodio aislado.
Prohibiciones de ingreso: un mecanismo que refuerza el control fronterizo
Además de las expulsiones, la SEM difundió cifras sobre prohibiciones de ingreso aplicadas durante 2024. Estas medidas impiden que una persona vuelva a entrar al país por un período determinado. Funcionan como complemento para evitar el retorno de individuos con antecedentes complejos.
Durante ese año se emitieron 10.146 prohibiciones de ingreso. El 83 % corresponde a hombres, proporción que coincide con el perfil penal predominante en los expedientes de expulsión. Para las autoridades, las prohibiciones de ingreso funcionan como un refuerzo preventivo dentro del sistema migratorio.
Las nacionalidades con más restricciones son Argelia (837 casos), Siria (786), Marruecos (708), Turquía (700) y Afganistán (554). El listado mezcla situaciones distintas. Algunas personas habían sido expulsadas previamente. Otras fueron detenidas durante controles fronterizos o figuraban en registros con antecedentes en otros países del espacio Schengen.
La diferencia entre expulsión y prohibición de ingreso es fundamental. La expulsión afecta a quienes ya estaban dentro del territorio suizo. La prohibición de ingreso, en cambio, puede aplicarse tanto a expulsados como a personas que intentan entrar sin cumplir los requisitos legales. Según el informe, ambos instrumentos permiten ordenar el flujo migratorio de manera consistente.
El Gobierno aclara que cada caso se evalúa de manera individual. Se consideran antecedentes penales, vínculos familiares, historial de viajes, situación de residencia y riesgo potencial para la seguridad pública. No son medidas automáticas. Requieren análisis detallado y pueden ser revisadas en sede administrativa o judicial.
El informe concluye que Suiza mantiene reglas estrictas de control y que las expulsiones y prohibiciones de ingreso son herramientas centrales para sostener un marco legal ordenado. Para la SEM, estas medidas permiten equilibrar la protección del territorio con criterios de proporcionalidad, algo que permanece en revisión constante.
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