Un informe del Tribunal Federal de Cuentas de Alemania dejó al descubierto un caso llamativo de uso ineficiente de fondos públicos dentro del propio Ministerio Federal de Finanzas. El organismo de control señaló que la cartera compró miles de teléfonos celulares “seguros” para la administración de aduanas que, en la práctica, no pudieron cumplir la función para la que fueron adquiridos. La inversión superó los EUR 35 millones y terminó convertida en un ejemplo de mala planificación tecnológica.
La situación resulta especialmente sensible porque involucra a dispositivos destinados a comunicaciones cifradas, un área donde los estándares de seguridad suelen presentarse como innegociables. Sin embargo, una combinación de errores de coordinación y limitaciones técnicas dejó a los equipos prácticamente inutilizados durante años.
Una compra costosa que no cumplió su objetivo
Entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, el Ministerio Federal de Finanzas adquirió 17.321 teléfonos inteligentes “seguros” para el personal de aduanas. La idea era que los agentes los utilizaran para comunicarse de forma cifrada, exclusivamente bajo los lineamientos de la Oficina Federal para la Seguridad de la Información (BSI). Según el plan oficial, los dispositivos permitirían el intercambio de datos hasta el nivel “información clasificada – solo para uso oficial”.
El problema surgió después de la compra. Las autoridades detectaron que los teléfonos, aun siendo técnicamente aptos para cumplir con los estándares de cifrado, no podían hacerlo en la práctica. La razón no estaba en los aparatos, sino en el entorno informático donde debían integrarse. La infraestructura tecnológica disponible no contaba con la habilitación necesaria para manejar información clasificada bajo ese nivel de seguridad.
De acuerdo con el Tribunal Federal de Cuentas, la red informática del Centro Federal de Tecnología de la Información (ITZBund), donde debían operar los teléfonos, no tuvo autorización para el manejo de información clasificada hasta junio de 2025. Hasta ese momento, la administración de aduanas no podía utilizar los dispositivos para comunicaciones cifradas ni para el procesamiento de datos sensibles.
La consecuencia fue directa. Muchos empleados decidieron no usar los nuevos teléfonos y continuaron trabajando con celulares comunes. La inversión quedó inmovilizada, sin aportar mejoras reales a la tarea diaria.
Limitaciones técnicas y rechazo del personal en Alemania
El informe no se limita a señalar el problema de infraestructura. También detalla una serie de restricciones funcionales que redujeron aún más la utilidad de los teléfonos. En el uso cotidiano, los dispositivos presentaron obstáculos que no habían sido advertidos durante el proceso de compra.
Entre las limitaciones mencionadas aparecen fallas o bloqueos en funciones básicas. El calendario, el directorio telefónico, la transferencia de imágenes y la consulta de correos laborales no podían utilizarse de forma normal. Estas carencias chocaban con las necesidades operativas de la aduana, donde la comunicación rápida y el acceso a información resultan centrales.
A eso se sumó otro inconveniente relevante. Los teléfonos mostraron un consumo energético muy elevado, lo que redujo de manera marcada la duración de la batería. En la práctica, los dispositivos necesitaban recargas frecuentes y no acompañaban jornadas de trabajo extensas.
Cada equipo tuvo un costo superior a los EUR 2.000, si se consideran accesorios y licencias. El informe no precisa el modelo adquirido, pero sí subraya que el precio unitario volvió aún más difícil de justificar la compra. Un gasto elevado terminó asociado a equipos con baja aceptación y escaso valor operativo.
El caso recordó a otros episodios de problemas tecnológicos en el Estado alemán, como los sistemas de comunicación de las Fuerzas Armadas que, según denuncias previas, presentan demoras extremas para tareas simples. En este contexto, la compra de los teléfonos para aduanas se convirtió en un símbolo de fallas estructurales en la gestión de proyectos tecnológicos públicos.
Reemplazo de equipos y críticas del organismo de control
Frente a la falta de resultados, la mayoría de los teléfonos fue reemplazada durante 2024. El Tribunal Federal de Cuentas evaluó que el Ministerio Federal de Finanzas no alcanzó su objetivo de implementar comunicaciones cifradas y seguras en la administración aduanera bajo los estándares del BSI. La conclusión fue directa: los EUR 35 millones no cumplieron la finalidad prevista.
El organismo de control fue más allá de la descripción del caso. Recomendó evitar inversiones deficientes y exigió que futuras compras se apoyen en análisis sólidos de necesidad y utilidad. Según el informe, los equipos adquiridos para aduanas deben ser aptos para el servicio y aportar un valor concreto a las tareas que realizan los empleados.
La crítica apunta a la falta de coordinación entre la adquisición de hardware y la disponibilidad real de infraestructura habilitada. Comprar tecnología avanzada sin asegurar el entorno adecuado para su uso genera riesgos financieros y operativos. El Tribunal consideró que este error pudo haberse evitado con una planificación más rigurosa.
Desde el Ministerio Federal de Finanzas ensayaron una defensa. Las autoridades explicaron que, en el momento de la compra, la solución elegida era la única que cumplía con los requisitos formales del BSI. También señalaron que el alto consumo energético y la baja autonomía de la batería no eran plenamente conocidos y solo se manifestaron durante el uso.
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