El gobierno alemán confirmó que mantendrá los controles inmigratorios en las fronteras más allá de septiembre. Así lo afirmó Alexander Dobrindt, presidente del grupo parlamentario de la CSU, en declaraciones al pódcast Table.Today. Según el funcionario, la decisión incluye también el refuerzo de los procedimientos de expulsión.
En particular, se trabaja en nuevas deportaciones hacia Afganistán y Siria. La medida forma parte de una política migratoria más restrictiva impulsada desde mayo, cuando asumió el nuevo gobierno conformado por la alianza entre la Unión (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD).
Controles extendidos en el espacio Schengen
Alemania forma parte del espacio Schengen, que prevé fronteras abiertas entre los países miembros. Sin embargo, esa apertura está sujeta a que las fronteras externas de la Unión Europea se encuentren protegidas. Desde hace años, distintos países han utilizado excepciones previstas en el marco legal para reinstaurar controles temporales. En esta línea, Alemania había implementado controles intermitentes en las fronteras con Austria, Polonia y República Checa. La diferencia ahora radica en el carácter sistemático de la medida.
“Vamos a seguir con los controles en las fronteras”, aseguró Dobrindt. Y agregó: “Habrá tanto controles como deportaciones después de septiembre”. La decisión busca frenar los cruces irregulares y facilitar la identificación de personas con orden de expulsión vigente.
Desde mayo, los controles pasaron de ser esporádicos a continuos. La medida generó críticas por parte de algunos países vecinos. En particular, Austria manifestó preocupación por las demoras y el impacto en el tránsito fronterizo. También organizaciones de derechos humanos expresaron inquietud por el endurecimiento de las políticas migratorias y su efecto sobre solicitantes de asilo.
Deportaciones a Afganistán y Siria
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo enfoque es la reanudación de deportaciones a países considerados inseguros. Dobrindt confirmó que se están organizando nuevos vuelos para retornar personas a Afganistán y Siria. El gobierno justifica esta decisión argumentando que se trata de individuos con antecedentes penales o que, según las autoridades, no tienen derecho a permanecer en territorio alemán.
En julio, un vuelo charter trasladó a 81 afganos con condenas judiciales desde Alemania a su país de origen. Fue la segunda deportación masiva de este tipo desde que los talibanes recuperaron el poder en Kabul en agosto de 2021. La primera se realizó en junio, también con un número similar de personas.
Los planes incluyen ahora la preparación de vuelos hacia Siria. Desde 2011, año en que comenzó la guerra civil en ese país, Alemania recibió a cientos de miles de personas sirias que huyeron del conflicto. Según cifras del Ministerio del Interior, unas 700.000 personas con nacionalidad siria viven actualmente en Alemania, muchas de ellas con estatus de refugiado o protección subsidiaria. La mayoría llegó entre 2015 y 2016, en el pico de la llamada “crisis de refugiados”.
La situación en Siria sigue siendo inestable. Aunque se recuperó el control de gran parte del territorio tras la caída de Bashar al-Assad, persisten enfrentamientos armados, represión política y zonas donde actúan milicias. A pesar de ese contexto, el gobierno alemán planea evaluar caso por caso para definir si es viable ejecutar expulsiones hacia determinadas regiones.
Mientras tanto, el nuevo gobierno de coalición alemán, formado por los Demócratas Cristianos y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU) de centroderecha y los Socialdemócratas (SPD) de centroizquierda, había definido agregar más “países seguros” en la lista de aquellos estados cuyos ciudadanos no tendrían trabas para llegar a Alemania. Argelia, India, Marruecos y Túnez estaban en esa nómina.
“Estamos evaluando continuamente si más países cumplen los requisitos. En particular, un país se clasificará como seguro si menos del 5% de los solicitantes de asilo procedentes de ese país han sido aceptados en al menos un período de cinco años”, habían manifestado desde el gobierno.
Inmigración, acuerdo de coalición y marco legal
En el acuerdo de coalición firmado entre CDU/CSU y SPD se estableció como objetivo avanzar en la deportación de personas sin derecho de residencia, incluyendo a ciudadanos de Siria y Afganistán. El texto remarca que se dará prioridad a quienes hayan cometido delitos en Alemania. Para el gobierno, este punto resulta clave para “reforzar la confianza en el Estado de derecho” y “proteger a la población”.
El marco legal permite expulsar a personas cuya solicitud de asilo fue rechazada, siempre que no existan obstáculos de tipo humanitario, como riesgo de persecución, tortura o muerte en el país de destino. En esos casos, los tribunales alemanes pueden frenar una deportación. Por ese motivo, muchos procesos terminan en apelaciones judiciales, lo que alarga los plazos y complica las ejecuciones.
Organizaciones como Pro Asyl cuestionan la intención de deportar a Siria y Afganistán. Alegan que no existen garantías mínimas de seguridad en esos países. También critican que se utilicen los antecedentes penales como excusa para enviar personas a zonas de conflicto o bajo regímenes autoritarios. Según Amnistía Internacional, en Siria aún se registran desapariciones forzadas y torturas en centros de detención del gobierno.
El gobierno alemán sostiene otra posición. Afirma que no se trata de deportaciones masivas indiscriminadas, sino de casos puntuales donde se considera que la permanencia en Alemania no puede continuar. Para ello, se apoya en informes de inteligencia, evaluaciones consulares y criterios de proporcionalidad. “Es absolutamente necesario que los que no pueden ni deben quedarse, regresen a sus países”, dijo Dobrindt.
Tensión dentro y fuera de Alemania
La nueva política migratoria generó fricciones no solo con países vecinos, sino también dentro del propio país. En algunos estados federados gobernados por partidos más progresistas, como los Verdes o La Izquierda, se manifestó rechazo a las deportaciones a países en conflicto. También hubo críticas desde sectores del SPD, que consideran que las medidas podrían vulnerar compromisos internacionales asumidos por Alemania en materia de derechos humanos.
En el Parlamento, la ultraderecha del partido Alternativa para Alemania (AfD) celebró el giro del gobierno, pero lo consideró “tardío e insuficiente”. Por su parte, la izquierda parlamentaria acusó al gobierno de ceder ante presiones de los sectores más conservadores.
Según datos oficiales, en lo que va de 2025, unas 10.000 personas fueron deportadas desde Alemania. De ellas, más de 2.000 corresponden a países considerados de alto riesgo. El Ministerio del Interior no detalló cuántas de esas personas tenían condenas penales, pero sí señaló que se priorizaron casos con antecedentes judiciales.
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