Buenos Aires (AT) – El gobierno de Austria anunció que, a partir de ahora, los procesos de reunificación familiar para migrantes quedan suspendidos de manera inmediata. Esta medida responde, según el Ejecutivo, a la incapacidad del país para recibir más personas en el corto plazo. Aunque la cantidad total de llegadas a Austria sigue siendo baja en comparación con otros países de la Unión Europea, las autoridades consideran que las capacidades nacionales no permiten nuevas incorporaciones sin afectar la estabilidad social.
El canciller Christian Stocker afirmó que la suspensión será temporal y que la integración de quienes ya residen en Austria tendrá prioridad sobre la llegada de nuevos grupos. “Austria tiene un límite en sus capacidades, por lo que hemos decidido evitar una sobrecarga mayor”, sostuvo en una conferencia de prensa.
A pesar de la firmeza del anuncio, la decisión aún debe pasar por el Parlamento. No obstante, debido a la conformación actual del poder legislativo, se prevé que la aprobación será un mero trámite.
Una medida vinculada a la seguridad nacional
El gobierno comunicó que la Unión Europea ya recibió la notificación sobre esta nueva política y que, además, Austria aplicará la cláusula de emergencia del bloque comunitario. Esta herramienta permite a un Estado miembro declarar que su seguridad interna podría estar en riesgo, justificando así medidas extraordinarias en materia migratoria.
Los acontecimientos recientes refuerzan la postura oficial. En el sur del país, un ataque con cuchillo ocurrido el mes pasado terminó con la vida de un adolescente y dejó varios heridos. El responsable, un ciudadano sirio, fue detenido y el caso generó un amplio debate sobre el impacto de la migración en la seguridad pública.
Días antes de ese hecho, la policía arrestó a un joven de 14 años bajo sospecha de planear un atentado en una estación de tren de Viena. Las investigaciones señalaron que el menor mantenía vínculos con el Estado Islámico y que su radicalización ocurrió en plataformas digitales.
Aunque las autoridades justifican la medida por motivos de seguridad y control de recursos, no han especificado por cuánto tiempo se mantendrá la restricción a la reunificación familiar.
Quiénes serán afectados por la restricción
Las nuevas reglas establecen que los migrantes con protección oficial en Austria, incluyendo a quienes poseen estatus de asilo, no podrán solicitar el ingreso de familiares directos mientras la directiva siga en vigor.
Las personas que aún están en proceso de asilo tampoco tienen permitido reunirse con sus familiares. Además, quienes recibieron una orden de deportación tampoco podrán solicitar la llegada de parientes, incluso en casos donde la expulsión no sea viable en el futuro inmediato.
Esta política se suma a otras restricciones migratorias ya implementadas en Austria, como la realización de pruebas de ADN para menores que llegan al país bajo el marco de reunificación familiar. Las autoridades justifican la iniciativa argumentando que se detectaron casos de fraude en solicitudes previas.
El contexto migratorio en Austria y Europa
Según cifras oficiales, 7.762 personas ingresaron a Austria en 2024 mediante procedimientos de reunificación familiar. Durante 2023, ese número fue de 9.254. En la mayoría de los casos, se trata de menores de edad que buscan reencontrarse con sus padres o tutores legales.
En términos de solicitudes de asilo, el país registró menos de 25.000 en lo que va del año, un número inferior al de otras naciones europeas tanto en términos absolutos como en proporción a su población, que ronda los nueve millones de habitantes.
El endurecimiento de las políticas migratorias no es exclusivo de Austria. La tendencia a aplicar restricciones más severas se ha visto reflejada en otros países europeos tras sucesivas elecciones donde partidos conservadores y de derecha han ganado espacio.
La Unión Europea, por su parte, adoptó recientemente regulaciones que buscan acelerar la deportación de solicitantes de asilo rechazados y reducir la cantidad de nuevos ingresos. Entre las medidas aprobadas, destaca la creación de centros de retorno fuera del territorio comunitario. En estas instalaciones, las personas cuya solicitud de asilo fue rechazada permanecerán hasta su deportación definitiva a sus países de origen.
El objetivo de esta política es evitar que quienes no obtuvieron el estatus de refugiado logren quedarse en la UE simplemente evadiendo las órdenes de deportación y estableciendo residencia de manera informal.
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