Buenos Aires (AT) – Durante siglos, la figura del juez fue entendida como la simple voz de la ley. Esa visión, impulsada por pensadores como Montesquieu, situaba a los magistrados como meros aplicadores de normas. En Alemania, un país con reputación de respeto institucional, esa idea fue superada por una estructura moderna. Pero hoy, más de 250 años después de aquella definición, la forma en que se eligen los jueces más importantes del país genera tensiones.
En Alemania, más de 20.000 jueces ejercen funciones. A nivel federal, su selección está regida por el principio de la “mejor elección”, tal como lo establece la Ley Fundamental, la Constitución alemana. No están sujetos a directivas de ningún tipo. Los jueces de los tribunales federales se designan con la intervención de comités parlamentarios. Sin embargo, el proceso para la Corte Constitucional —la más alta del país— tiene características propias.
Los 16 jueces del Tribunal Constitucional Federal cumplen mandatos de doce años. Solo pueden ser designados si tienen al menos 40 años, plena capacidad de sufragio, y un mínimo de tres años de ejercicio en alguno de los máximos tribunales alemanes. No pueden ocupar cargos en el Parlamento ni en el gobierno al momento de ser nombrados. A los 68 años deben retirarse, aunque permanecen en funciones hasta que se elija a su reemplazo.
Un proceso con mayoría calificada y sin audiencias públicas
La Corte Constitucional está dividida en dos salas de ocho jueces cada una. Una trata temas relacionados con derechos civiles y revisión de leyes. La otra se ocupa de disputas entre el gobierno federal y los estados, legislación electoral y asuntos institucionales. Cada sala organiza sus prioridades con autonomía.
La mitad de los jueces de esta Corte son elegidos por el Bundestag (la cámara baja del Parlamento) y la otra mitad por el Bundesrat (el consejo de los 16 estados federados). En ambos casos, se requiere una mayoría de dos tercios para que un candidato sea aprobado. El sistema busca consenso amplio, pero termina limitando la participación de partidos pequeños.
El proceso arranca con una comisión de 12 parlamentarios, elegidos por los bloques legislativos, que se reúne a puertas cerradas. A diferencia del modelo estadounidense, no se celebran audiencias públicas. Todo se decide en votaciones secretas. En los hechos, los dos partidos tradicionales —el Partido Socialdemócrata (SPD) y la Unión Demócrata Cristiana / Unión Social Cristiana (CDU/CSU)— se reparten el derecho a presentar candidatos, mientras que los partidos opositores suelen quedar excluidos.
Este mecanismo ha sido criticado por falta de transparencia. Los partidos minoritarios cuestionan que el proceso no permita un debate abierto sobre los antecedentes, posturas o méritos de los postulantes. No hay exposiciones públicas, ni preguntas. Solo acuerdos políticos reservados. Y aunque formalmente existe un principio de excelencia, la percepción pública del proceso empieza a resquebrajarse.
Una institución bajo presión política
La Corte Constitucional tiene un rol central en el equilibrio de poderes de Alemania. Funciona como árbitro entre el Ejecutivo y el Legislativo, y su influencia también llega al plano europeo. En el pasado, no dudó en emitir fallos que limitaron medidas de la Unión Europea o leyes aprobadas por el Bundestag.
El año próximo, el Bundestag deberá cubrir tres vacantes. Ese dato reavivó el debate. Con un Parlamento fragmentado y polarizado, alcanzar la mayoría de dos tercios será más difícil. Las negociaciones ya comenzaron, pero sectores opositores reclaman reformas. Proponen, por ejemplo, que los candidatos expongan públicamente su visión del derecho constitucional o su trayectoria profesional.
Un informe reciente del Consejo de Europa pidió a los países miembros reforzar la independencia judicial con mecanismos de selección más abiertos y pluralistas. Alemania no quedó afuera del análisis. Aunque su sistema sigue siendo considerado entre los más sólidos del continente, los estándares internacionales avanzan.
En 2024, el presupuesto del sistema judicial alemán fue de EUR 7.400 millones. Eso incluye salarios, infraestructura, informatización y programas de formación. Según datos oficiales, el sueldo mensual promedio de un juez federal ronda los EUR 9.500 brutos, en función de la antigüedad y el nivel de responsabilidad. En comparación, en Francia es de EUR 7.600 y en España, EUR 5.200.
La eficiencia del sistema también enfrenta desafíos. Solo una pequeña proporción de las demandas constitucionales individuales logra llegar a la Corte. En 2023, se presentaron más de 6.000 quejas. Menos del 1% fue admitido para su análisis.
Pese a ello, la institución mantiene un alto nivel de prestigio. La ciudadanía confía en su autoridad, aunque reclama mayor apertura. Algunos juristas sostienen que la opacidad del sistema debilita la legitimidad de los fallos. Otros creen que la reserva protege la independencia.
Un espejo para otros países
Alemania no está sola en estas discusiones. En los últimos años, la selección de jueces constitucionales se volvió un campo de disputa en varios países europeos. En Polonia y Hungría, los gobiernos usaron su mayoría parlamentaria para nombrar jueces afines, lo que provocó alertas en la Comisión Europea. En Francia, la nominación presidencial genera controversias por su carácter discrecional.
La experiencia alemana ofrece un equilibrio singular. Requiere consenso amplio, pero al mismo tiempo reduce la participación de sectores no mayoritarios. Esa tensión marca el futuro de la justicia constitucional. Con cada vacante, no solo se elige a un juez: se define el perfil del máximo tribunal para más de una década.
(AT/DW)
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