Buenos Aires (AT) – El Gobierno alemán está bajo presión. La migración -el creciente número de inmigrantes y refugiados y el bajo número de deportaciones- preocupa a la población y a la sociedad toda en Alemania. Las razones son dispares y difieren por estrato social. Sin embargo, el peligro para la coalición que gobierna bajo el canciller Olaf Scholz es que el tema sea copado por los populistas de derechas, particularmente por el partido Alternativa para Alemania, (AfD, por sus siglas en alemán). El partido que lideran los diputados Tino Chrupalla y Dr. Alice Weidel se convirtió desde las últimas elecciones regionales en Hesse y Baviera en la segunda fuerza política del país. Su intención de voto supera el 20%, según las últimas encuestas realizadas por el canal de televisión pública alemana, ZDF.
El gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz anunció ahora una política de asilo más dura. “Debemos deportar a gran escala a quienes no tienen derecho a permanecer en Alemania”, dijo Scholz a la revista Spiegel. No puede ser que los procedimientos de deportación se alarguen a menudo durante años, añadió el canciller. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Faeser, también del SPD, quiere acelerar las cosas con un proyecto de ley que el gabinete federal ya ha aprobado, según recaba la plataforma de nociticas Deutsche Welle (DW).
Cabe recordar que Alemania ha acogido a más de un millón de personas sin solicitud de asilo procedentes de Ucrania, gente que necesitaba alojamiento y sus hijos plazas en guarderías y escuelas. El año pasado, además, solicitaron asilo en Alemania unas 244.000 personas; este año podrían ser 300.000.
A quíen se deportará y qué cambia en el sistema
En entrevista con la Deutsche Welle (DW), el experto en migración Gerald Knaus habla de una “ofensiva de deportación, que el acuerdo de coalición de los partidos gobernantes ya preveía, centrada en delincuentes y personas peligrosas”. Según Knaus, los planes del ministerio del Interior también afectan a las personas cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas o que ni siquiera han solicitado asilo.
Según cifras del Ministerio del Interior alemán, a finales de septiembre de 2023 había en Alemania unas 255.000 personas obligadas a abandonar el país. Alrededor de 205.000 de ellas, sin embargo, cuentan con el beneficio de contar con una estado de “Duldung”, estatus de “Tolerancia”, que les permitía hasta ahora, permanecer en el país.
En concreto, la situación actual significa que, aunque en teoría están obligados a abandonar el país, no pueden ser deportados por motivos legales. Lo que se aplica, por ejemplo, a originarios de países considerados no seguros, a personas enfermas, a quienes hayan iniciado una formación profesional o a personas que carecen de documentos. Las repatriaciones tampoco son posibles si los países de origen se niegan a aceptarlos.
El proyecto de ley de la Ministra del Interior alemana otorga más poderes a las autoridades y a la Policía, que deben ejecutar los procedimientos. En el futuro, las deportaciones ya no se anunciarán. También está previsto que los agentes de policía puedan entrar en las habitaciones de las personas a repatriar.
Los extranjeros obligados a abandonar el país también podrán ser retenidos durante más tiempo en un llamado “centro de detención” antes de ser deportados y, si una persona no puede presentar un pasaporte, las autoridades competentes también podrán registrar teléfonos móviles o casillas de correo para determinar su identidad.
La preocupación que genera el proyecto
Organizaciones de Derechos Humanos, como Pro Asyl, consideran que la detención es “inhumana”. Y aseguran que se producen una y otra vez lesiones o suicidios. Para algunos políticos de los Verdes y del SPD, la decisión del gabinete de Scholz va demasiado lejos, calificándola también como “inhumana” en algunos de sus puntos. En cambio, para la coalición conservadora CDU/CSU, las medidas previstas no son suficientes. El proyecto de ley pasará ahora a votación parlamentaria, donde se esperan nuevas enmiendas
Por su parte, Knaus, el experto en migración consultado por DW, considera que las medidas previstas tienen sentido, en principio. No obstante, Knaus subraya la prioridad de focalizar en lograr acuerdos migratorios para los países que acojan a sus ciudadanos de regreso. Se sabe que el Gobierno de Scholz negocia con Georgia, República de Moldavia, Kenia, Uzbekistán y Kirguistán sobre este tema.
Knaus cita como ejemplo negativo algunos países de África. Por ejemplo, Alemania acogió hace años a muchas personas de Nigeria y Zambia. A la mayoría de ellos, finalmente no se les concedió asilo. “Pero sus países de origen no los aceptan de vuelta”, destaca Knaus Lo mismo ocurre en Irak. En este sentido, las normas más estrictas previstas en materia de expulsión son sólo un primer paso y difícilmente un elemento disuasorio, indica el experto. “¿El objetivo es reducir la inmigración irregular en Alemania? Si es así, hay muchas razones para dudar de que la nueva medida tenga éxito”, vaticina Knaus.
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