Sven Liebich fue durante años una cara conocida como un neonazi alemán. Tanto es así que en manifestaciones públicas llegó a presentarse con uniformes que evocaban el nazismo. También sumó fama por sus constantes provocaciones contra políticos y periodistas. En 2023 recibió una condena a 18 meses de prisión por incitación al odio, injurias y difamación.
Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en los titulares por un motivo inesperado: la aplicación de la nueva Ley de Autodeterminación de Alemania, que permitió su cambio de género registral. Hoy se llama Marla-Svenja Liebich y debe ingresar a una cárcel de mujeres en Chemnitz.
Un extremista con gusto por la provocación
Quienes lo conocieron en la ciudad de Halle, donde se hizo fuerte como agitador político, lo describen como un personaje obsesionado con llamar la atención. El bigote espeso, los tatuajes en el cuello y la ropa excéntrica se transformaron en parte de su marca personal. Sus detractores lo veían como un provocador profesional más que como un ideólogo.
La justicia comprobó que sus discursos públicos excedían los límites de la libertad de expresión. En julio de 2023, el tribunal de distrito de Halle lo condenó a un año y medio de prisión sin libertad condicional. Tanto él como la fiscalía apelaron, pero el fallo fue confirmado. En paralelo, Liebich se registró como mujer en el ayuntamiento de Schkeuditz, en Sajonia, usando la vía que abrió la Ley de Autodeterminación aprobada en 2024. No necesitó pericias médicas ni psicológicas: bastó una declaración personal.
Según relató en redes sociales, su decisión de cambiar el género legal no respondió a una convicción íntima, sino a un intento de “reírse del sistema”. Llegó a declararlo abiertamente: “Lo hice para burlarme de las autoridades”. A la provocación le sumó un detalle más: dejó crecer su bigote para reforzar lo que consideraba una contradicción del marco legal.
La ley que abrió la puerta al caso Liebich
La Ley de Autodeterminación fue presentada por Marco Buschmann, entonces ministro de Justicia (FDP), y por Lisa Paus, ministra de Familia de Los Verdes. Sustituyó a la vieja Ley Transsexual, que exigía informes psicológicos y autorización judicial. Con la reforma, cada persona puede modificar su género en el registro civil solo con una declaración de voluntad. Ese cambio se extiende a todos los documentos oficiales, incluido el acta de nacimiento.
El objetivo, según sus impulsores, era reducir la discriminación hacia personas trans. Pero desde el inicio recibió críticas por la posibilidad de abusos. La CDU/CSU habló de una norma “mal diseñada” y prometió revisarla antes de 2026. Andrea Lindholz, entonces vicepresidenta del grupo parlamentario, llegó a decir que la coalición de gobierno “perdió el rumbo con esta ley”.
Los cuestionamientos se intensificaron con episodios previos en el mismo penal de Chemnitz, donde un interno trans agredió sexualmente a reclusas y personal. También en Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia se registraron ataques similares.
El caso Liebich reavivó esas preocupaciones. La Fiscalía de Halle explicó que el criterio para asignarle un penal fue claro: el género registrado, en este caso femenino, y el lugar de residencia. Por ello deberá ingresar a la prisión de mujeres de Chemnitz, aunque existe la posibilidad de trasladarlo a un penal masculino si surgieran incidentes.
Un debate que divide a la sociedad alemana
Liebich, que en redes sociales publicó la citación para presentarse en prisión, volvió a ocupar espacio en la agenda mediática. El periodista Julian Reichelt, exeditor de Bild, lo llamó públicamente por su nombre original y lo definió como hombre. Eso derivó en una demanda de Liebich por violación de derechos personales. El caso terminó favoreciendo a Reichelt, ya que los tribunales aceptaron que los medios puedan mencionar el sexo biológico de una persona siempre que no sea en tono injurioso.
El episodio fue interpretado como un límite judicial a los efectos de la nueva ley. El abogado Joachim Steinhöfel, defensor de Reichelt, sostuvo que “quienes prohíben nombrar la realidad biológica cierran el debate público y buscan imponer una visión ideológica”.
En paralelo, aparecieron otros abusos documentados. Una persona trans llamada Alina S. inició más de 240 demandas contra empresas por no incluir lenguaje inclusivo en avisos de empleo. Los fallos le otorgaron más de EUR 240.000 en compensaciones. También se registró la denuncia de una mujer trans contra un gimnasio femenino que no le permitió la inscripción, caso que avanza en los tribunales.
El Ministerio de Familia mantiene la defensa de la ley como un avance social, mientras que sectores de la CDU presionan para endurecerla, sobre todo en cuestiones vinculadas con menores y con situaciones de privación de la libertad. El acuerdo de coalición firmado en 2025 con el SPD incluyó una cláusula para revisarla a más tardar en julio de 2026.
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