El gobierno de Alemania, integrado por la alianza de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), lanzó un ambicioso programa de repatriación de migrantes con orden de salida. El plan, anunciado en mayo de 2025 bajo el nombre de “ofensiva de repatriación”, busca aumentar de manera drástica el número de expulsiones. Sin embargo, el debate público se concentra en una palabra que incomoda: deportación.
El eje del conflicto político surge en torno a Siria, un país devastado por más de una década de guerra civil. La propuesta de retomar las deportaciones hacia ese territorio provocó una fuerte división dentro del propio gobierno de coalición. A pesar de las diferencias, el canciller Friedrich Merz insiste en que “el conflicto sirio terminó” y que, por lo tanto, “ya no existen motivos de asilo en Alemania”. Según su postura, la repatriación de ciudadanos sirios debería comenzar en los próximos meses.
En contraste, el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul (CDU), mantiene una visión mucho más cautelosa. Tras su visita oficial a Damasco, sostuvo que “las deportaciones solo son posibles en una medida muy limitada” debido a la situación humanitaria y política aún inestable en gran parte del país. Su declaración contradijo directamente a Merz y abrió una disputa pública que los medios calificaron como la primera gran crisis del nuevo gabinete.
La controversia también alcanzó a los socios socialdemócratas, que temen que el endurecimiento de la política migratoria erosione el apoyo del electorado progresista y complique la cohesión interna de la coalición.
Entre la política y la legalidad
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), adoptó una postura firme. Aseguró que Alemania debe “retomar las deportaciones como principio de orden” y que su ministerio ya negocia con las autoridades sirias los aspectos logísticos del proceso. Dobrindt recordó que el país no realiza deportaciones a Siria desde hace 12 años, cuando se suspendieron debido al estallido de la guerra civil.
El tema, sin embargo, va mucho más allá de la voluntad política. En la práctica, las deportaciones enfrentan múltiples obstáculos legales. El Servicio de Medios sobre Migración de Berlín, en un reciente informe, explicó que los procedimientos están sujetos a un entramado de leyes nacionales, constitucionales, europeas e internacionales. Cualquier acción debe cumplir con los estándares del derecho humanitario y con las normativas de la Unión Europea sobre derechos humanos.
La jurista Hannah Franz, de la Universidad de Hamburgo, analizó en ese mismo informe el impacto de la “ofensiva de repatriación” en el sistema de detención de personas con orden de expulsión. Según su estudio, el gobierno planea aumentar la capacidad de alojamiento en centros de detención para hacer viable la nueva política. Hoy existen unas 800 plazas en todo el país, pero se prevé ampliar el número de camas en instalaciones especiales o áreas separadas destinadas a quienes esperan su deportación.
Franz advirtió que la cantidad de detenidos por motivos migratorios se mantiene en ascenso desde hace años. En 2024 se registraron alrededor de 6.000 personas, de las cuales el 90% son hombres. Las mujeres representan una minoría que enfrenta condiciones más precarias, ya que muy pocas instalaciones están preparadas para alojarlas de forma adecuada.
Una batalla política y social en el horizonte
El anuncio del plan migratorio generó reacciones dispares entre los partidos y la sociedad civil. Los sectores conservadores celebran la medida como una respuesta necesaria a la presión migratoria y a la saturación del sistema de asilo. En cambio, organizaciones humanitarias y juristas cuestionan su viabilidad y alertan sobre los riesgos de vulnerar derechos fundamentales en el proceso de deportación.
Los defensores del plan sostienen que el Estado debe hacer cumplir las órdenes de salida vigentes y que los casos de personas que se niegan a regresar constituyen un problema de autoridad. “La ley debe aplicarse sin excepciones”, repiten los portavoces de la CSU, convencidos de que la repatriación masiva fortalecerá la confianza pública en el sistema migratorio.
Pero los críticos recuerdan que la situación en Siria sigue siendo incierta, con regiones enteras bajo control de facciones armadas o fuerzas extranjeras. Enviar personas a un país sin garantías de seguridad puede equivaler a violar tratados internacionales, advirtieron juristas y expertos en derechos humanos. El Consejo Federal para Refugiados pidió suspender cualquier intento de deportación hasta que organismos independientes verifiquen las condiciones reales en el terreno.
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