Durante años, varias zonas de Alemania vivieron noches marcadas por estallidos repentinos. No se trataba de atentados terroristas ni de accidentes industriales. Eran bandas especializadas en reventar cajeros automáticos con explosivos para llevarse el efectivo. Ese método, ejecutado en pocos segundos y con una violencia inusual, generó temor entre vecinos, daños millonarios y una presión constante sobre la policía.
En los últimos meses, sin embargo, la tendencia cambió. Un nuevo marco legal y una estrategia policial más estricta reconfiguraron el escenario. Las cifras oficiales muestran una caída fuerte en la cantidad de ataques, lo que abre un debate sobre el impacto de las penas más duras, la presión investigativa y el modo en que los grupos delictivos se adaptan cuando encuentran resistencia.
Explosiones que marcaron una época
Durante un largo período, Alemania se convirtió en un objetivo perfecto para ciertos grupos criminales, muchos de ellos procedentes de Países Bajos. Las bandas viajaban de noche, utilizaban autos robados o con patentes adulteradas, colocaban explosivos dentro o detrás de los cajeros automáticos y escapaban a gran velocidad por las autopistas. Todo ocurría en minutos. Las imágenes de edificios dañados y calles cubiertas de escombros se volvieron habituales en informes policiales.
La policía europea ya había advertido que este tipo de ataques no solo buscaba robar efectivo. La violencia de las explosiones ponía en riesgo a vecinos que dormían a pocos metros de los cajeros, ya que muchos estaban ubicados en planta baja de edificios residenciales o sobre zonas peatonales muy transitadas durante el día.
El recuento de daños dejaba cifras inquietantes. Desde 2020, las pérdidas materiales asociadas a estos ataques superaron EUR 400 millones. A eso se sumaban los montos robados y los gastos de reparación que cada entidad bancaria debía asumir para volver a operar.
Frente a ese escenario, el Parlamento alemán decidió avanzar con una reforma del Código Penal. El cambio apuntó a un punto concreto: incluir como delito agravado el uso de explosivos para cometer robos. La modificación buscó cerrar vacíos legales que dificultaban imputar a sospechosos cuando solo se detectaba la preparación del delito, como la compra de explosivos o el traslado de sustancias prohibidas. Además, se ampliaron las herramientas de vigilancia en investigaciones asociadas a bandas criminales, lo que facilitó interceptaciones y seguimientos.
Un giro legal que modificó la dinámica del delito
El Bundestag aprobó la reforma a comienzos de noviembre. Desde ese momento, los investigadores alemanes contaron con instrumentos más claros para perseguir estas organizaciones. El Artículo 308 del Código Penal quedó ampliado para incorporar de forma explícita los ataques contra cajeros automáticos mediante detonaciones. El objetivo era simple: llevar a juicio a quienes participan del delito, incluso si solo intervienen en etapas de preparación logística.
La reforma también endureció penas de prisión para los miembros de bandas dedicadas a este tipo de ataques. Los fiscales describieron estas estructuras como grupos que operan con disciplina, roles definidos y una logística compleja. Las tareas incluían viajes preliminares para estudiar rutas de escape, sistemas eléctricos, cámaras, accesos y distancias hasta autopistas.
Desde la entrada en vigor del nuevo esquema, el panorama cambió de manera contundente. En lo que va del año se registraron 115 ataques, una cifra muy por debajo del período más crítico, cuando los estallidos superaban el ritmo de uno por día. En 2022, por ejemplo, se habían contabilizado 496 explosiones.
El descenso no puede atribuirse a un único factor. La policía alemana reforzó patrullajes, incrementó controles de tránsito nocturnos y estableció intercambios de información más rápidos entre regiones fronterizas. La cooperación con autoridades neerlandesas también se intensificó, lo que permitió detener a sospechosos antes de que cruzaran la frontera. En varios casos, se incautaron autos preparados para huir a velocidades extremas, equipos de detonación y grandes sumas en efectivo.
Detrás de esta ofensiva, la intención del gobierno alemán es desalentar por completo el método. Las aseguradoras, los bancos y las asociaciones de municipios también presionaron, ya que el impacto económico y urbanístico se había vuelto insostenible.
El delito se desplaza: Austria bajo presión
Si bien Alemania redujo los ataques, las autoridades detectaron un efecto indeseado. Los grupos que antes operaban en territorio alemán empezaron a migrar hacia Austria. Ese país registró un incremento notable de explosiones en su red de cajeros durante este año.
Las cifras oficiales del Ministerio del Interior austríaco muestran una suba de 13 casos en 2024 a 29 episodios en lo que va del año. Investigadores confirmaron que varios de los implicados son ciudadanos neerlandeses que ya habían actuado en Alemania. La propia policía austríaca identificó este fenómeno como un “desplazamiento del delito”, originado por la mayor presión alemana.
El caso más llamativo involucra a un sospechoso que, en 2023, robó EUR 220.000 en las afueras de Frankfurt. Según los fiscales, el mismo individuo detonó cajeros en Viena a comienzos de este año y se habría llevado EUR 89.000, dejando daños estimados en EUR 1,5 millones. Fue detenido bajo una orden europea y espera juicio.
A esto se suman las condenas dictadas en Frankfurt durante julio, cuando seis acusados vinculados con explosiones en Países Bajos recibieron penas firmes. Para los investigadores, dos factores explican por qué Alemania resultaba tan atractiva: el uso extendido de efectivo y la trama densa de autopistas, que facilita fugas rápidas, en especial en la región Rin-Meno.
Austria, con una presencia menor de controles en ciertas rutas y con cajeros ubicados en puntos vulnerables, comenzó a ocupar el lugar que Alemania dejó de ofrecer. Las autoridades austríacas ya anunciaron que trabajan en reformas legales y en un intercambio más fluido con Alemania y Países Bajos para frenar la tendencia.
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