Suiza volverá a decidir en las urnas una cuestión estructural: si debe fijar un límite máximo de población en 10 millones de habitantes. El 14 de junio de 2026 se celebrará el referéndum que definirá el destino de la llamada iniciativa impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP). La propuesta busca introducir en la Constitución un tope demográfico y activar restricciones migratorias cuando el país se acerque a esa cifra.
Actualmente, Suiza cuenta con aproximadamente 9,1 millones de residentes permanentes. De ese total, cerca del 27% corresponde a ciudadanos extranjeros. El crecimiento poblacional de las últimas décadas fue sostenido. Desde 1960, el número de habitantes aumentó alrededor de un 70%. Buena parte de ese incremento responde a la inmigración, vinculada a la demanda laboral y al atractivo económico del país.
El gobierno federal y el Parlamento se oponen a la iniciativa. Consideran que imponer un techo constitucional podría afectar compromisos internacionales y el desempeño económico. Sin embargo, las encuestas muestran un escenario competitivo. En sondeos recientes, cerca del 48% de los votantes expresó apoyo, mientras alrededor del 45% manifestó rechazo y un pequeño porcentaje permanece indeciso. El resultado aparece abierto y el debate atraviesa todo el espectro político.
Suiza: qué propone exactamente la iniciativa
La iniciativa establece que la población suiza no deberá superar los 10 millones de habitantes antes de 2050. También contempla un mecanismo preventivo: cuando la cifra alcance los 9,5 millones, el gobierno deberá aplicar medidas para frenar el crecimiento demográfico.
Entre las herramientas previstas figuran la suspensión o reducción de permisos de residencia, restricciones a la reunificación familiar y límites más estrictos en materia de asilo. Además, si el tope se superara, el texto obliga a renegociar o incluso terminar acuerdos internacionales que faciliten la inmigración.
El punto más sensible es el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea. Ese pacto permite a ciudadanos europeos trabajar y residir en Suiza con menos trabas administrativas. Si la iniciativa prospera y el límite se supera, el país debería revisar ese acuerdo.
Los impulsores sostienen que el país enfrenta una presión excesiva sobre infraestructura, transporte y vivienda. Argumentan que la capacidad territorial y los recursos disponibles no permiten un crecimiento indefinido. Plantean la necesidad de estabilizar la población para proteger el nivel de vida.
La dimensión económica del debate
Suiza mantiene uno de los niveles de ingreso per cápita más altos de Europa. Sin embargo, en los últimos tres años el producto interno bruto per cápita no mostró avances claros. En ese mismo período, los salarios reales registraron retrocesos frente al aumento del costo de vida.
El mercado inmobiliario ocupa un lugar central en la discusión. En varias ciudades, los precios de alquiler y compra subieron con fuerza. La oferta de viviendas no acompañó el ritmo de crecimiento demográfico. Para muchos votantes, ese desajuste alimenta el malestar.
Al mismo tiempo, sectores empresariales advierten que la economía suiza depende de mano de obra extranjera. Industrias como la farmacéutica, la ingeniería, la tecnología y la salud emplean un número elevado de trabajadores no suizos. Reducir drásticamente la inmigración podría generar escasez en áreas estratégicas.
También existe preocupación por el impacto sobre exportadores. El acceso al mercado europeo resulta central para numerosas empresas suizas. Una eventual ruptura o deterioro del acuerdo de libre circulación podría desencadenar renegociaciones más amplias que afecten otros tratados bilaterales.
El gobierno sostiene que la prosperidad del país está vinculada a su apertura económica y a su capacidad para atraer talento. La iniciativa, según esa postura, introduce un límite rígido que no contempla las necesidades cambiantes del mercado laboral.
Un país dividido ante una decisión estructural
El sistema de democracia directa suizo permite que iniciativas populares lleguen a referéndum si reúnen las firmas necesarias. En este caso, el SVP logró activar el mecanismo y llevar el debate al plano nacional.
La propuesta no es la primera relacionada con inmigración. En años anteriores, otras votaciones abordaron temas similares, con resultados ajustados y discusiones intensas. La actual iniciativa se inscribe en esa tradición, pero incorpora un número concreto como techo demográfico.
Con 9,1 millones de habitantes actuales, el umbral de 10 millones no aparece lejano en términos de proyección demográfica. Las estimaciones oficiales prevén que, de mantenerse las tendencias actuales, el país podría acercarse a esa cifra antes de 2050.
Las encuestas muestran una sociedad partida en mitades similares. El 48% de apoyo indica que la propuesta cuenta con respaldo amplio, aunque no mayoritario de forma contundente. El 45% de rechazo confirma que existe una oposición organizada y activa.
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