La investigación por el incendio que arrasó el bar Le Constellation durante las celebraciones de Año Nuevo en el centro de esquí de Crans-Montana, en Suiza, entra en una etapa decisiva. La Justicia del cantón de Valais ordenó la detención preventiva por tres meses de Jacques Moretti, uno de los propietarios del local y su administrador. La decisión, adoptada por el Tribunal Cantonal de Medidas de Coerción, marca un punto de inflexión en un caso que conmociona a Suiza y a Europa por la magnitud de la tragedia: 40 personas fallecidas y 116 heridas, la mayoría adolescentes.
Moretti quedó bajo custodia tras declarar ante los fiscales junto con su esposa y socia en el negocio, Jessica Moretti. Ambos enfrentan una investigación penal por homicidio culposo, lesiones culposas y incendio por negligencia. El proceso todavía se encuentra en etapa preliminar, pero el riesgo de fuga señalado por los jueces motivó la prisión preventiva del gerente del bar. La presunción de inocencia rige durante todo el procedimiento, según establece el derecho suizo.
El incendio se produjo en la madrugada del 1° de enero, cuando el sótano del establecimiento estaba repleto de jóvenes que celebraban la llegada del nuevo año. Las primeras pericias apuntan a que bengalas encendieron una espuma de aislamiento acústico instalada en el techo. Ese material, altamente inflamable, habría provocado una rápida propagación del fuego y una nube tóxica que redujo el margen de escape.
Una detención que abre un frente judicial
El tribunal sostuvo que la privación de libertad de Jacques Moretti responde a un motivo procesal concreto. La Justicia considera que existe un riesgo de fuga, aunque también informó que la medida podría levantarse si se cumplen ciertas condiciones, como el pago de una fianza u otras alternativas solicitadas por los fiscales. Los abogados del matrimonio Moretti confirmaron que Jessica Moretti recibió la notificación oficial y que su esposo podría recuperar la libertad cuando se verifiquen esas exigencias.
Jessica Moretti, por su parte, permanece en libertad. La fiscalía explicó que, por su perfil personal y sus vínculos en Suiza, otras medidas cautelares resultan suficientes para reducir el riesgo de que abandone el país. Esa diferencia de trato no conforma a todas las familias de las víctimas, que reclaman una respuesta más dura.
La instrucción penal todavía debe definir si corresponde una acusación formal y un juicio o si el expediente se cierra por falta de pruebas. El caso se mueve entre la presión social y la cautela institucional, un equilibrio delicado en una tragedia con decenas de muertos.
Fallas de seguridad y un edificio bajo la lupa
El foco de la investigación no se limita al origen del fuego. Existen interrogantes graves sobre las condiciones de seguridad del bar. Se analiza la ubicación y el acceso a los matafuegos, el estado de las salidas de emergencia y el cumplimiento de las normas vigentes. Las autoridades locales reconocieron que el local no recibía una inspección contra incendios desde 2019, un dato que generó indignación.
Durante sus primeras declaraciones, Jacques Moretti afirmó que una puerta de servicio estaba cerrada desde adentro cuando llegó al lugar tras iniciarse el siniestro. Según extractos de informes policiales difundidos por medios franceses y suizos, el empresario debió forzarla para abrirla. Detrás de esa puerta aparecieron varias personas sin vida, lo que refuerza la hipótesis de una vía de escape inutilizada en un momento crítico.
Las pericias técnicas buscan determinar si esa puerta debía permanecer libre, si formaba parte de una ruta de evacuación y por qué estaba bloqueada. También se evalúa si la espuma acústica utilizada en el techo cumplía con los estándares de resistencia al fuego.
Cada uno de esos puntos resulta central para establecer responsabilidades penales. En Suiza, los delitos por negligencia pueden derivar en penas de prisión cuando se prueban omisiones graves en materia de seguridad.
Familias que exigen respuestas
Los representantes legales de las víctimas sostienen una postura dura frente a los propietarios del bar. Para ellos, la detención de un solo gerente no alcanza. Sebastien Fanti, abogado de cuatro familias, transmitió la bronca y el dolor que domina a quienes perdieron a sus hijos. Según relató, uno de los padres comparó la forma en que murió su hijo con una escena de guerra, una frase que refleja el nivel de impacto emocional que dejó la tragedia.
Romain Jordan, otro letrado que asiste a varias familias, expresó una preocupación adicional: el riesgo de destrucción o manipulación de pruebas. Teme que documentos o testimonios puedan alterarse, lo que complica la reconstrucción de los hechos. Por ese motivo, reclama medidas que aseguren la preservación de evidencias y la independencia de los testigos.
Las familias no solo buscan condenas. También piden una explicación clara sobre por qué un local con tanta concurrencia carecía de controles recientes y cómo un material inflamable terminó instalado en un techo de un sótano repleto de jóvenes.
Mientras tanto, la dimensión sanitaria del desastre continúa. El presidente del cantón, Mathias Reynard, informó que cerca de 80 personas permanecen internadas en hospitales de Suiza y del exterior. Las lesiones incluyen quemaduras graves y daños respiratorios, secuelas que pueden acompañar a los sobrevivientes durante años.
La tragedia de Crans-Montana ya ocupa un lugar entre los peores incendios de espacios de ocio en Europa. Más allá del proceso judicial, deja una pregunta de fondo sobre la fiscalización de locales nocturnos en zonas turísticas de alto nivel económico, donde el flujo de visitantes contrasta con controles que parecen insuficientes.
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