Cuando Donald Trump habló en la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre, dedicó buena parte de su discurso a la migración ilegal. El tema ya era habitual en su retórica política. En esa intervención incluyó una afirmación que buscó golpear a Europa. Dijo que las cárceles de Suiza están repletas de extranjeros. Según él, esa era la prueba de un problema descontrolado. Su frase fue directa: “En Suiza, la hermosa Suiza, el 72 por ciento de las personas presas son extranjeras”.
El dato es cierto, pero incompleto. Según la Oficina Federal de Estadística, al 31 de enero de 2025 había 6.994 personas detenidas en Suiza. De ese total, 5.069 eran extranjeras. El cálculo arroja un 72,48 por ciento. Sin embargo, el número, presentado en soledad, resulta engañoso.
Una cifra real, pero mal usada
Medios suizos señalaron que el uso del dato fue “simplista y engañoso”. El porcentaje no distingue entre categorías. En Suiza viven de forma legal más de 2,5 millones de extranjeros, lo que equivale al 27 por ciento de la población estable. Una parte importante de las personas presas con pasaporte extranjero reside legalmente en el país. Se trata de ciudadanos de la Unión Europea o de individuos con permisos de residencia.
Un estudio de la Universidad de Lausana publicado en 2019 lo dejó claro. En ese momento había 6.863 detenidos. El 49,3 por ciento vivía legalmente en Suiza. El 9,6 por ciento eran solicitantes de asilo. El 41,1 por ciento restante estaba en una categoría difusa: personas sin domicilio fijo, turistas, trabajadores fronterizos con permisos temporales, indocumentados o individuos de condición no declarada. Incluir a todos en un único bloque distorsiona la lectura.
Factores que explican la proporción
Expertos en criminología aportan varios motivos. El profesor Benjamin F. Brägger explicó que el alto porcentaje de extranjeros presos refleja primero la composición de la sociedad suiza. Casi un tercio de sus habitantes no nació en el país.
A eso se suma un fenómeno particular: los llamados “turistas del delito”. Son grupos organizados que viajan para robar o delinquir sin establecer residencia. Entre ellos se mencionan bandas de Europa del Este o provenientes de Francia. Estos individuos engrosan la estadística, pero no pueden considerarse inmigrantes.
Otro factor es el peso de los solicitantes de asilo. Muchos terminan en prisión por delitos vinculados a su estatus o por falta de integración. La vulnerabilidad social los expone a la marginalidad y al consumo problemático.
Las propias normas suizas también influyen. Las alternativas a la cárcel suelen excluir a los extranjeros sin residencia estable. El arresto domiciliario, el trabajo comunitario o el control electrónico están disponibles para ciudadanos con domicilio fijo. En cambio, si una persona está en situación irregular o bajo una orden de expulsión, la opción inmediata es la prisión. El sistema jurídico, en palabras de André Kuhn, profesor de derecho penal en Neuchâtel, introduce una “discriminación legal” que empuja a más extranjeros a quedar tras las rejas.
El peso de la prisión preventiva
La prisión preventiva es otro elemento que explica la desproporción. En Suiza, un tercio de los presos todavía no recibió condena. Están privados de libertad porque se sospecha que podrían huir. Y los extranjeros son los más afectados por ese criterio.
En 2024 había 2.076 personas bajo prisión preventiva. Entre ellas, 450 eran suizos, 501 extranjeros con permisos, 144 solicitantes de asilo y 980 extranjeros sin residencia. Casi la mitad del total. La lógica es que, al no tener domicilio fijo, la justicia considera que existe un riesgo mayor de fuga.
El resultado es que la cifra del 72 por ciento que citó Trump describe un fenómeno complejo de forma reducida. No distingue entre residentes legales, migrantes temporales, solicitantes de asilo o personas sin papeles.
El debate muestra que las estadísticas pueden usarse de manera sesgada. Tomadas sin contexto, alimentan discursos políticos que buscan reforzar prejuicios. El caso de Suiza es un ejemplo claro. El país tiene una proporción elevada de extranjeros en su población general. Eso, combinado con la existencia de “delincuentes viajeros”, solicitantes de asilo en situación precaria y normas que restringen alternativas a la cárcel, explica la diferencia.
Hacé tu comentario