Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron casi 3.000 muertos y revelaron una conexión que sacudió a Alemania: tres de los cuatro presuntos pilotos suicidas habían vivido en Hamburgo antes de los ataques. Desde esa ciudad se articuló parte de la célula de Al Qaeda que participó en la preparación del mayor atentado terrorista cometido en territorio estadounidense.
“Este día cambió el mundo”, afirmó entonces el presidente alemán Johannes Rau. Entre las víctimas hubo ciudadanos de 92 países y once alemanes. Pero la relación de Alemania con el 11-S fue mucho más allá de las víctimas: el país debió revisar cómo un grupo de extremistas pudo organizarse durante años sin ser detectado.
La célula de Hamburgo
Mohammed Atta, egipcio y uno de los principales organizadores de los ataques, llegó a Hamburgo en la década de 1990 para estudiar. Durante su permanencia en Alemania se radicalizó y frecuentó la mezquita Al-Quds, cerca de la estación central, que años después fue clausurada por las autoridades.
Alrededor de Atta se formó la denominada célula de Hamburgo. Entre sus integrantes estaba el marroquí Mounir el-Motassadeq, cuyo caso derivó en uno de los procesos judiciales más importantes relacionados con el 11-S. Tras años de litigios, en 2007 recibió una condena firme a 15 años de prisión por pertenecer a una organización terrorista y colaborar en el asesinato de las 246 personas que viajaban en los cuatro aviones secuestrados. Posteriormente fue deportado a Marruecos.
Más seguridad, pero también más vigilancia
La reacción política fue inmediata. El entonces canciller Gerhard Schröder calificó al 11 de septiembre como “un día negro” y expresó la solidaridad alemana con Estados Unidos. En los meses siguientes, el gobierno socialdemócrata-verde impulsó una profunda ampliación de las herramientas estatales contra el terrorismo.
El Bundestag aprobó en diciembre de 2001 una ley antiterrorista que otorgó mayores competencias a los organismos de seguridad, amplió el intercambio de información, reforzó los controles migratorios y permitió nuevas herramientas para investigar movimientos financieros y desplazamientos. Entró en vigencia el 1° de enero de 2002.
Una de las medidas más controvertidas fue la Rasterfahndung, un sistema de búsqueda mediante el cruce masivo de bases de datos para localizar potenciales “durmientes” terroristas. En 2006, el Tribunal Constitucional Federal estableció un límite: ese tipo de investigación sólo podía utilizarse ante un peligro concreto para bienes jurídicos de especial importancia, no simplemente frente a una amenaza general.
Guantánamo y una decisión que persiguió a Steinmeier
La búsqueda de sospechosos también produjo errores graves. Murat Kurnaz, nacido en Bremen y ciudadano turco, permaneció casi cinco años detenido en Guantánamo sin que se demostrara su participación en los atentados. Estados Unidos había planteado en 2002 la posibilidad de enviarlo nuevamente a Alemania, pero el gobierno alemán no aceptó su regreso.
La decisión llegó posteriormente al Bundestag y colocó en el centro de la controversia a Frank-Walter Steinmeier, entonces responsable de coordinar los servicios de inteligencia desde la Cancillería y actual presidente federal.
Steinmeier reconoció años después que Kurnaz había sufrido “cosas terribles” en Guantánamo, pero defendió la decisión en función de la obligación que tenía el gobierno de proteger la seguridad del país. El episodio se convirtió en uno de los ejemplos más sensibles de la tensión entre la lucha contra el terrorismo y las garantías del Estado de derecho.
Veinte años de Bundeswehr en Afganistán
El 11-S también transformó el papel militar de Alemania. Tras la ofensiva estadounidense contra los talibanes, la Bundeswehr se incorporó a la misión internacional en Afganistán. Alrededor de 160.000 militares alemanes participaron allí durante casi dos décadas.
La misión terminó en 2021 y marcó profundamente a las Fuerzas Armadas alemanas. Según el registro actualizado de la Bundeswehr, 60 militares murieron como consecuencia de esa intervención, 35 de ellos por acción enemiga.
Del impacto alemán a la Argentina
La Argentina tampoco quedó al margen del impacto político del 11-S. El mismo día de los ataques, el gobierno de Fernando de la Rúa decretó tres días de duelo nacional y dispuso que la bandera permaneciera a media asta en los edificios públicos. Semanas después, el país incorporó formalmente las obligaciones de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, destinada a reforzar internacionalmente la lucha contra el terrorismo.
Para la Argentina, que ya había sufrido los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, el debate internacional posterior al 11-S no resultaba abstracto. Alemania enfrentó desde Hamburgo una pregunta que también atravesaba la experiencia argentina: cómo detectar y prevenir redes terroristas sin que la respuesta estatal termine debilitando las garantías que pretende proteger. Veinticinco años después, esa tensión sigue siendo una de las herencias más complejas del 11 de septiembre.
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