Alemania decidió avanzar sobre uno de los sectores más poderosos del entretenimiento digital. El Gobierno de Friedrich Merz aprobó un proyecto de ley que obligará a plataformas como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otros servicios de streaming a reinvertir parte de sus ingresos en producciones audiovisuales alemanas y europeas.
La iniciativa todavía debe atravesar el Parlamento alemán, pero ya abrió una fuerte discusión dentro de la industria audiovisual europea. Las plataformas sostienen que la medida puede terminar produciendo el efecto contrario al buscado: menos inversiones, menos series y menos proyectos grandes.
Desde Berlín, en cambio, aseguran que el objetivo es rescatar y fortalecer una industria cinematográfica que atraviesa dificultades desde hace años y que perdió peso frente al avance de las producciones estadounidenses y las grandes plataformas digitales. El texto aprobado por el gabinete alemán dice que las plataformas deberán reinvertir al menos el 8% de los ingresos generados en Alemania dentro de producciones audiovisuales alemanas o europeas. En caso contrario, enfrentarán sanciones económicas.
El plan alcanza tanto a gigantes internacionales como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y Paramount+, como también a plataformas alemanas. Además, el Gobierno anunció un fuerte aumento del financiamiento público destinado al cine alemán. Berlín casi duplicará esos fondos hasta llegar a EUR 250 millones.
Alemania intenta salvar una industria que perdió terreno frente al streaming
Durante los últimos años, gran parte de la industria cinematográfica europea empezó a perder espacio frente al dominio cada vez mayor de las plataformas digitales. El fenómeno golpeó especialmente a Alemania, donde productores y estudios vienen reclamando más apoyo estatal y nuevas reglas para competir.
El proyecto también obliga a garantizar una cuota mínima de contenidos alemanes y europeos dentro de los catálogos. Existe una excepción importante. Las plataformas que reinviertan al menos el 12% de sus ingresos en producciones realizadas en Alemania quedarán exentas de algunas obligaciones vinculadas a cuotas de contenido.
El Gobierno alemán tomó como referencia otros modelos europeos ya existentes. Francia, Dinamarca y Suecia también poseen sistemas que obligan a las plataformas a destinar parte de sus ingresos locales a producciones nacionales o europeas. De todos modos, las reglas varían mucho entre un país y otro.
Francia, por ejemplo, mantiene una de las regulaciones más duras de Europa para servicios de streaming. Allí, plataformas como Netflix deben invertir parte importante de sus ingresos en producciones francesas.
Netflix advirtió que la ley podría reducir inversiones y frenar proyectos
Netflix fue una de las primeras empresas en cuestionar públicamente el proyecto impulsado por Berlín. Wolf Osthaus, director senior de asuntos internacionales de Netflix en Alemania, sostuvo que la regulación podría terminar afectando la producción audiovisual en lugar de fortalecerla.
La empresa también cuestionó otro punto sensible del proyecto: las normas vinculadas a los derechos de explotación de las producciones. El plan alemán contempla mecanismos para que productores locales recuperen gradualmente parte de esos derechos o compartan beneficios futuros con las plataformas. Netflix sostiene que eso puede complicar la financiación de proyectos ambiciosos.
Desde la empresa remarcaron que muchas superproducciones necesitan esquemas complejos de financiamiento y derechos exclusivos para recuperar inversiones.
La organización Vaunet, que representa a distintas plataformas y empresas audiovisuales en Alemania, también criticó con dureza el proyecto. El grupo, que incluye compañías como Disney+, Paramount+ y RTL+, calificó la medida como una “interferencia innecesaria y desproporcionada” sobre la libertad de medios.
Daniela Beaujean, directora ejecutiva de Vaunet, pidió modificar profundamente la propuesta antes de su aprobación definitiva. Las plataformas consideran además que el sistema de multas es demasiado severo.
Según el texto presentado por el Gobierno alemán, una empresa que no reinvierta el dinero exigido deberá pagar una sanción equivalente al 75% de la suma faltante. Es decir, cifras millonarias para algunas compañías.
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