Buenos Aires (AT) – El gobierno de Austria decidió avanzar con una reforma previsional para contener el creciente gasto. Anunció la restricción de la llamada “Korridorpension” a partir de 2026, una modalidad que actualmente permite jubilarse a los 62 años con años de aportes suficientes, aunque con reducciones. La nueva edad mínima será de 63 años. También se proyecta un mecanismo de sostenibilidad que, de no alcanzar la reducción del gasto antes de 2030, activaría nuevas medidas desde 2035.
Entre las alternativas en discusión figuran ajustes en los aportes, en el porcentaje de cálculo del haber, en la edad jubilatoria, en las condiciones de acceso y en la forma de actualizar los haberes. Aunque el programa oficial no entra en detalles, un reciente aporte del economista Markus Knell, miembro del Banco Nacional de Austria, puso sobre la mesa una propuesta concreta que reavivó el debate.

Una propuesta con lógica progresiva
Knell propuso modificar el sistema de pensiones para hacerlo más progresivo. El cambio clave sería introducir una escala variable en la tasa de reemplazo —es decir, el porcentaje del ingreso promedio que se transforma en jubilación— según el nivel de ingresos. El objetivo es que quienes ganaron menos durante su vida laboral no se vean tan perjudicados por la suba de la edad jubilatoria.
En la actualidad, una persona que se retira a los 65 años con 45 años de aportes recibe el 80 % de su ingreso bruto promedio como pensión, independientemente de cuánto haya ganado. Bajo el nuevo esquema, esa tasa sería del 100 % para quienes tuvieron un ingreso mensual promedio de hasta EUR 1400 (US$ 1.508). A medida que aumenta el ingreso, la tasa bajaría: una persona con ingresos de hasta EUR 3600 (US$ 3.879) seguiría cobrando el 80 %, pero quienes ganaron más de EUR 5900 (US$ 6.357) solo recibirían el 68 %.
La propuesta contempla aplicar esta escala en paralelo con una suba de la edad jubilatoria, por ejemplo, de 65 a 67 años. En ese contexto, quienes más ganaron se verían obligados a trabajar más años y cobrarían un porcentaje menor de su ingreso. En cambio, los sectores con ingresos bajos accederían a una tasa mayor. Por ejemplo, una persona con ingresos medios de 2000 euros podría llegar a una tasa del 90 %.

Quiénes ganan, quiénes pierden
La lógica detrás de la propuesta parte de una desigualdad estructural: quienes menos ganan, en promedio, viven menos. Subir la edad jubilatoria sin contemplar ese dato implica que los trabajadores de menores ingresos se beneficien menos tiempo del sistema. Además, suelen tener trabajos más exigentes físicamente, lo que agrava el impacto de un retiro postergado.
Knell argumenta que su propuesta busca equilibrar ese desbalance. No evita que todos trabajen más, pero introduce una compensación para quienes más lo necesitan. “La idea es lograr una equivalencia más justa entre los aportes realizados y los beneficios obtenidos, considerando la esperanza de vida y el nivel de ingresos”, escribió el economista en su documento.
En el extremo inferior de la pirámide, hay otro grupo especialmente vulnerable: los que ya hoy reciben el complemento estatal para alcanzar la pensión mínima (Ausgleichszulage), que actualmente es de EUR 1.273,99 US$ 1.372,77). Estos jubilados también deberían trabajar más años, aunque seguirían dependiendo del refuerzo estatal.

Una brecha que empieza antes de jubilarse
Aunque en Austria no hay estadísticas oficiales detalladas sobre la relación entre ingresos y esperanza de vida, el fenómeno está documentado en otros países europeos. Un estudio del Instituto Alemán de Investigación Económica de Berlín (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – DIW) mostró que los hombres alemanes con ingresos bajos tienen el doble de riesgo de morir entre los 55 y los 76 años que los hombres con ingresos altos (21 % frente a 11 %).
En Austria, los datos del Instituto Statistik Austria permiten inferir una relación similar a través del nivel educativo. La expectativa de vida a los 65 años es de poco más de 16 años para un hombre con solo educación obligatoria, pero alcanza los 20 años para quienes tienen educación universitaria. Además, esta brecha no se ha reducido en la última década: mientras que la esperanza de vida creció entre los sectores más educados, se mantuvo estable entre los menos formados.
Por ejemplo, en distritos de Viena como Hietzing o Döbling, la esperanza de vida promedio es de 81 a 83 años, mientras que en zonas como Favoriten o Rudolfsheim-Fünfhaus no supera los 76. Aunque la residencia geográfica no es determinante por sí sola, actúa como indicador de nivel socioeconómico.

Entre la seguridad social y el seguro privado
La propuesta de Knell generó opiniones divididas entre especialistas. Christine Mayrhuber, economista del instituto Wifo y presidenta de la Comisión de Envejecimiento del Gobierno, consideró que el planteo es razonable. “Hoy el sistema busca mantener el nivel de vida. Esta reforma lo modificaría para generar más correspondencia entre aportes y beneficios, considerando las diferencias en esperanza de vida”, explicó.
Sin embargo, desde el Instituto Eco-Austria, que tiene vínculos con el sector empresarial, la mirada es crítica. Johannes Berger, especialista en pensiones, sostuvo que el planteo rompe con la lógica de un sistema basado en seguros. “Una aseguradora cubre el riesgo. En este caso, el riesgo es vivir muchos años. Si cambiamos el criterio para las jubilaciones, ¿también deberíamos hacerlo en otros seguros, como el de desempleo?”, planteó.
Berger advirtió que, si se toma en cuenta la probabilidad de beneficiarse del sistema, se abre una discusión compleja que podría desbordar el ámbito previsional. “Por ejemplo, los universitarios pagan la misma cuota de seguro de desempleo que el resto, pero son menos propensos a quedarse sin trabajo. ¿Deberían pagar menos?”.

Lo que está en juego
El sistema previsional austríaco representa uno de los mayores gastos del Estado. En 2023, aproximadamente el 25 % del presupuesto federal se destinó a cubrir jubilaciones, ya sea a través de subsidios al sistema de seguros o de pensiones públicas directas. En este contexto, el gobierno busca fórmulas para reducir el déficit sin afectar demasiado la equidad del sistema.
La propuesta de Knell apunta a hacer más sostenibles las cuentas públicas, pero también busca corregir una injusticia estructural: los trabajadores de ingresos bajos —muchos de ellos con trabajos físicos y menor expectativa de vida— son los que más pierden si se sube la edad jubilatoria sin modificar otras variables.
A pesar de los matices, el debate ya está instalado. La reforma previsional dejará ganadores y perdedores. Lo que defina Austria en los próximos años puede convertirse en un antecedente relevante para otros países que enfrentan desafíos similares: cómo equilibrar la sostenibilidad financiera con la justicia social en el momento más sensible de la vida laboral —la jubilación.

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