Buenos Aires (AT) – A partir de 2026, Suiza comenzará a compartir automáticamente datos fiscales vinculados a criptoactivos con 74 países. Entre ellos se encuentran todos los Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Brasil, India, Japón, China, México, Argentina y la mayoría de los países del G20. Se trata de un giro notable para un país que durante décadas cultivó una imagen de neutralidad financiera y secreto bancario.
La decisión forma parte de la implementación de los nuevos estándares desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que buscan fortalecer la transparencia fiscal frente al uso de activos digitales. El 6 de junio de 2025, el Consejo Federal Suizo aprobó oficialmente el proyecto de ley que establece el marco legal para llevar a cabo este intercambio automático de información. La propuesta está ahora bajo revisión parlamentaria.
El proyecto había sido anticipado en febrero de este año, cuando el gobierno suizo declaró su intención de sumarse al marco global para el intercambio de datos fiscales relacionados con criptomonedas. Ese anuncio inicial permitió comenzar a diseñar una estructura legal que permita la cooperación tanto dentro de Suiza como con autoridades extranjeras.
El estándar de la OCDE se llama Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Fue aprobado en 2022 y establece mecanismos para que plataformas de intercambio, proveedores de servicios y custodios informen transacciones de sus usuarios. El objetivo es reducir la evasión fiscal mediante criptoactivos, especialmente en jurisdicciones consideradas seguras o discretas.
Qué cambia para usuarios e inversores de criptomonedas
La puesta en marcha del nuevo sistema impactará directamente en quienes mantienen activos digitales en Suiza. Una vez en funcionamiento, las autoridades fiscales de los países firmantes podrán recibir información detallada sobre los saldos, movimientos y titulares de cuentas vinculadas a criptomonedas en ese país.
En otras palabras, si una persona residente en Alemania, España, Argentina o Italia tiene criptoactivos gestionados desde Suiza, las autoridades fiscales de su país de origen podrán recibir esa información sin necesidad de hacer un pedido judicial. Será un procedimiento automático, anual y estandarizado.
Los datos incluirán nombre completo del titular, dirección fiscal, número de identificación tributaria, tipo de activos, volumen de las operaciones y valor estimado. También se incorporarán datos sobre operaciones con monedas estables, tokens de inversión, tokens de utilidad y otros activos digitales que encajen en la definición de criptoactivos según el CARF.
Se espera que el nuevo régimen afecte a todas las plataformas que operen dentro del país o presten servicios a residentes fiscales suizos. Es decir, exchanges globales que mantengan operaciones en Suiza deberán adaptarse también.
La exclusión de Estados Unidos y Arabia Saudita del acuerdo genera interrogantes. Algunos analistas creen que Estados Unidos seguirá usando su propia red de intercambio de información, conocida como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Arabia Saudita, por su parte, todavía no adhirió al CARF ni emitió señales claras de sumarse.
Contexto internacional
El cambio de postura suiza no responde solamente a una voluntad espontánea de cooperación. Es parte de una presión creciente por parte de organismos multilaterales y gobiernos para evitar que los activos digitales funcionen como vehículos de evasión fiscal o lavado de dinero.
Desde hace una década, Suiza viene perdiendo protagonismo como refugio fiscal. La adopción del Common Reporting Standard (CRS) en 2017 marcó el comienzo del fin del secreto bancario tradicional. El CRS permitió el intercambio automático de información financiera convencional entre más de 100 países.
Ahora, el CARF busca replicar esa lógica para el ecosistema cripto. La diferencia principal es el tipo de información y la velocidad con la que se puede obtener. Las transferencias de criptomonedas, por su diseño tecnológico, pueden realizarse sin intermediarios, lo que dificulta el seguimiento de los fondos. Por eso, el foco está puesto en las plataformas centralizadas y los custodios, quienes deben cumplir con nuevas obligaciones de reporte.
Según datos de la OCDE, el valor de mercado de los criptoactivos a nivel mundial superó los EUR 2 billones en 2021. Aunque el número varía por volatilidad, se estima que el 10% de los adultos en economías desarrolladas posee alguna forma de criptoactivo. En América Latina, la adopción creció con fuerza por la inflación y la falta de acceso a servicios financieros tradicionales.
En ese contexto, países como Alemania, Francia, Australia y Japón comenzaron a exigir cada vez más cooperación por parte de centros financieros como Suiza. La posibilidad de que grandes patrimonios ocultaran criptoactivos sin declarar generaba preocupación sobre la equidad del sistema fiscal.
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