La Fiscalía del cantón de Valais confirmó que 263 partes civiles se presentaron ante la justicia tras el incendio ocurrido en Crans-Montana, representadas por 74 abogados. Esta avalancha de reclamos legales abre un interrogante crucial sobre el financiamiento de la defensa de las víctimas en una tragedia de semejante magnitud.
El principio legal y sus límites prácticos
En principio, la legislación suiza establece que el responsable de un delito debe asumir los costos legales de las víctimas que prevalezcan en un proceso judicial. Sin embargo, esta norma choca frecuentemente con la realidad: la incapacidad de pago del causante. Esta dificultad se agudiza cuando múltiples víctimas presentan demandas simultáneas, como ocurre en el caso de Crans-Montana.
El Estado suizo interviene a través de dos mecanismos: la ayuda a las víctimas y la asistencia jurídica gratuita. No obstante, con excepción de la ayuda de emergencia, estos apoyos se otorgan únicamente a quienes no disponen de ingresos o patrimonio suficiente. “Las víctimas con buena situación financiera quedan a menudo obligadas a asumir parte de los costos de sus abogados”, señala el análisis. En este escenario, quienes cuentan con un seguro de protección jurídica salen favorecidos.
La situación particular de los menores
Numerosas víctimas del siniestro son menores de edad, lo que añade complejidad al panorama. Para estos casos, las autoridades organizan rápidamente ayuda gratuita de emergencia y las oficinas de asesoramiento garantizan una representación legal adecuada. Sin embargo, cuando se evalúa la ayuda a largo plazo, se considera el ingreso y patrimonio de los padres.
La legislación suiza suma los ingresos de la víctima menor con los de sus progenitores que habitan el mismo hogar para calcular la “necesidad” económica. El sistema contempla que personas físicamente lesionadas o psicológicamente afectadas por un delito tienen derecho a asistencia, que incluye asesoramiento, ayuda inmediata y de largo plazo, indemnización, compensación moral y exención de costos procesales.
Acuerdos extraordinarios para una catástrofe excepcional
Ante la dimensión del desastre, autoridades, oficinas de ayuda a víctimas y otros actores establecieron convenios especiales. La Conferencia de Directores Cantonales de Asuntos Sociales (SODK) emitió una recomendación extraordinaria: los cantones deben aprobar, en el marco de la ayuda de emergencia independiente de ingresos, una autorización de costos para diez horas de asesoramiento legal en lugar de las cuatro habituales, dado que se prevén averiguaciones complejas y laboriosas. Esta autorización puede prorrogarse según las necesidades del caso.
La ayuda de largo plazo solo se activa cuando desaparece la urgencia y depende fuertemente de la situación individual de cada víctima. Los montos establecidos indican que las personas con ingresos computables superiores a CHF 82.680 (US$ 97.982) -individuales- o CHF 124.020 (US$ 146.972) -parejas- no acceden a esta asistencia prolongada, aunque el patrimonio se contabiliza como ingreso en una décima parte.
La paradoja del veredicto judicial
Persiste la incertidumbre sobre el desenlace de la investigación penal. ¿Se cometió un delito? ¿Quién es el responsable? Estas preguntas determinarán quién asumirá los honorarios de los abogados. Paradójicamente, podría resultar financieramente más favorable para las víctimas que no se configure un delito penal.
Las aseguradoras de responsabilidad civil de los responsables del siniestro reducen habitualmente las prestaciones en casos de negligencia grave y las eliminan completamente ante actos dolosos. Inversamente, los pagos de seguros de responsabilidad civil y accidentes tienen prioridad sobre la ayuda estatal a víctimas, que puede recuperar los fondos otorgados mediante acciones de regreso. El resultado final promete convertirse en una compleja red de posibles pagadores de los honorarios profesionales, donde confluyen responsabilidades penales, civiles y mecanismos de protección social.
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