Suiza es el único país del mundo que permite el suicidio asistido a personas extranjeras sin exigir residencia, ciudadanía ni enfermedad terminal. El artículo 115 de su Código Penal establece que ayudar a alguien a morir solo es punible si quien asiste actúa por motivos egoístas. Esa redacción, deliberadamente amplia, convirtió al país en destino del llamado “turismo de la muerte”: personas de distintos países que viajan a Suiza para poner fin a su vida con asistencia médica legal.
El Parlamento suizo acaba de rechazar una propuesta que pedía, como mínimo, registrar y publicar estadísticas sobre esos casos. La decisión dejó al descubierto una incomodidad política que pocos legisladores quisieron verbalizar.
Una ley que no distingue entre suizos y extranjeros
A diferencia de España, Colombia o Uruguay —países que en los últimos años legalizaron la eutanasia o el suicidio asistido bajo condiciones estrictas—, Suiza no impone requisitos de nacionalidad ni de diagnóstico terminal para acceder a la asistencia al morir. La distinción clave que sí existe en el sistema suizo es entre suicidio asistido —donde el paciente ejecuta el acto final por sí mismo— y eutanasia, que implica que un tercero administra la sustancia letal. Esta última está prohibida en Suiza.
En los países hispanohablantes que regularon la materia, en cambio, ambas modalidades coexisten pero están reservadas exclusivamente a los propios ciudadanos o residentes.
El resultado de ese marco legal amplio es que organizaciones como Dignitas o Lifecircle pueden asistir a personas llegadas del exterior sin cometer ningún delito, siempre que no medie beneficio económico para quien presta el servicio.
Los casos generaron titulares internacionales en varias oportunidades: entre los más resonantes figuran ciudadanos británicos que viajaron a Suiza sin informar a sus familias, incluyendo una mujer de poco más de 50 años que padecía depresión tras la muerte de su hijo. La organización que la asistió no infringió ninguna norma vigente.
Como no hay cifras oficiales, los números surgen de reportes periodísticos. Según un informe realizado en 2025 por Telenoche, de Canal 13, se estima que unas 500 personas viajan anualmente a Suiza para someterse al suicidio asistido, práctica para la que se estarían pagando alrededor de 12.000 dólares.
El Parlamento rechazó incluso recopilar datos
La propuesta que llegó al Parlamento en la última sesión no pedía restringir la práctica ni regular su acceso: pedía, simplemente, que se registrara y publicara estadísticamente cuántas personas extranjeras viajan a Suiza para morir. La moción, impulsada por la Comisión Jurídica del Consejo de los Estados —la Cámara Alta del Parlamento suizo—, fue rechazada por el Consejo Nacional, la Cámara Baja. Casi ningún legislador quiso hablar públicamente sobre el tema.
La excepción fue el diputado Ueli Schmezer, del Partido Socialista, quien defendió el rechazo con tres argumentos: los datos ya existen en alguna forma a través de las investigaciones forenses y los registros de las propias organizaciones; recopilarlos sistemáticamente implicaría un esfuerzo administrativo considerable en un contexto de ajuste presupuestario en la Oficina Federal de Estadística; y Suiza podría frenar el turismo de la muerte en cualquier momento si lo decidiera políticamente, sin necesidad de estadísticas.
La ministra responsable del área, Elisabeth Baume-Schneider, del Partido Socialista, argumentó en términos similares durante las deliberaciones de la comisión, señalando que crear un nuevo sistema de recopilación de datos requeriría formación específica y posiblemente el desarrollo de software dedicado.
Los datos están, pero nadie los publica
La respuesta de la Oficina Federal de Estadística (OFE) a una consulta de la agencia Swissinfo reveló una paradoja: los datos sobre suicidios asistidos de personas residentes en el extranjero ya llegan actualmente a las autoridades federales a través de los certificados de causa de muerte que remiten los cantones. Sin embargo, no se procesan ni se publican. “Por motivos de recursos y dado que las estadísticas oficiales se centran en la población residente en Suiza, no se realizan consultas”, respondió la OFE por escrito.
Erika Preisig, directora de Lifecircle —la única organización relevante del sector que aboga por una regulación más estricta—, cuestionó la lógica de ese argumento. “En comparación con la inspección legal y el informe que ya se realizan en cada caso, completar un formulario adicional es una minucia”, señaló.
No obstante, el desenlace del intercambio con la OFE tuvo un giro inesperado: consultada al respecto, la oficina informó por correo electrónico que, aunque no existe un mandato político, está evaluando de manera proactiva la posibilidad de elaborar estadísticas sobre el turismo de la muerte “dentro de las posibilidades financieras”. Una decisión administrativa que el Parlamento suizo no quiso tomar terminaría siendo adoptada, quizás, por vía burocrática.
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