Los vecinos de Bürmoos, una pequeña localidad en la provincia austríaca de Salzburgo, sospecharon primero por la fachada. Una pizzería mediocre que de repente se dio el lujo de reformarse por completo y sumar un salón, mientras el local pasaba casi vacío, despertó comentarios en todo el pueblo.
La respuesta llegó después, con una investigación judicial que destapó una red de narcotráfico internacional. Y ahora un estudio internacional reveló quién estaba detrás: la milicia islamista libanesa Hezbolá, que habría obtenido unos EUR 40 millones (US$ 46,9 millones) gracias al negocio oculto tras las pizzas.
Una pizzería, 30 toneladas de pastillas y un rompecabezas internacional
Según la Fiscalía austríaca, el local operado por exiliados libaneses en Bürmoos funcionó exclusivamente como centro de acopio y reenvío de Captagon, una droga sintética muy demandada en la Península Arábiga. La mercadería llegaba desde el Líbano a Bélgica por barco y de allí viajaba por tierra hasta la localidad salzburguesa. Allí era cuidadosamente escondida y reenviada a Italia, desde donde volvía a zarpar rumbo a Arabia Saudí.
Las pastillas se camuflaban en electrodomésticos industriales como hornos para pizzería, lavarropas y secarropas. Los operadores retiraban la lana aislante de los hornos y las piezas de contrapeso de los lavarropas, forraban los huecos con planchas de plomo (para evitar que los rayos X de las aduanas detectaran el contenido) y los rellenaban con las tabletas. El rodeo por Europa tiene una explicación práctica: las autoridades saudíes controlan con rigor las importaciones por tierra desde Medio Oriente, pero revisan mucho menos lo que llega desde la Unión Europea.
La Fiscalía calculó que por Bürmoos pasaron unas 30 toneladas de Captagon, equivalentes a 13,8 millones de comprimidos, con una recaudación aproximada de EUR 40 millones (US$ 46,9 millones). La investigación se apoyó en un testigo protegido y en más de 200.000 conversaciones telefónicas interceptadas a lo largo de tres años. En 2022 fueron condenadas ocho personas a penas de entre dos años y medio y nueve años de prisión.
Captagon: la “cocaína del pobre” y su larga ruta
El Captagon es el nombre comercial de una anfetamina sintética cuyo principio activo original, la fenetilina, fue usado en los años setenta como medicamento contra el déficit de atención y prohibido en los ochenta por sus graves efectos colaterales. Hoy la mayoría de las pastillas contiene una mezcla de anfetamina y cafeína, y provoca efectos estimulantes y euforizantes que derivan a menudo en arritmias, problemas cognitivos, convulsiones y cuadros psicóticos. Se la conoce como “droga del yihadista” o “cocaína del pobre”.
La producción es barata y sencilla: cada comprimido cuesta entre EUR 0,03 y 0,04 (US$ 0,035 y 0,047) y se vende en Riad, Yeda o Dubái a entre US$ 15 y US$ 20 dólares, según la cadena alemana ARD. La mayor parte se elabora en Siria, donde el régimen de Bashar al-Assad impulsó, durante la guerra civil iniciada en 2011, una producción masiva bajo control estatal para dopar a sus combatientes y generar divisas para sostener el conflicto. Antes de la caída del régimen a fines de 2024, ese comercio llegó a generar, según estimaciones, hasta EUR 50.000 millones (US$ 58.575 millones) anuales.
El estudio de Chatham House y la dimensión del negocio
Lo nuevo llegó con un estudio del instituto británico Chatham House, coordinado por la socióloga libanesa Lina Khatib en cooperación con la austríaca Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI), un organismo creado en 2020 y financiado por el Ministerio de Integración austríaco. El trabajo sostiene que Hezbolá genera hasta US$ 300 millones anuales a través de actividades ilegales, y la pizzería de Bürmoos formó parte de esa red.
Según las estimaciones estadounidenses citadas en el informe, el presupuesto anual de la milicia ronda los US$ 1.000 millones. Alrededor del 30% proviene de actividades ilegales, y Europa es uno de los escenarios centrales para esa generación de fondos. “La milicia se convirtió en una suerte de prestador global de servicios para el crimen organizado”, resumen los autores del estudio.
Khatib remarcó que Hezbolá, fundada en 1982 en el Líbano como respuesta a la invasión israelí y sostenida financieramente por Irán, opera como un “Estado dentro del Estado” libanés: tiene brazo político con representación parlamentaria y un brazo militar responsable de múltiples ataques contra Israel. Con el apoyo iraní golpeado tras los últimos choques con los Estados Unidos e Israel, la necesidad de fondos propios aumentó.
Entre los métodos detectados por Chatham House figuran el narcotráfico (incluidos vínculos con carteles sudamericanos que exportan cocaína por África Occidental), el lavado de activos con obras de arte, relojes de lujo y piedras preciosas, el comercio inmobiliario y la exportación de automóviles. La transferencia del dinero hacia el Líbano se realiza a través del tradicional sistema hawala, basado en la confianza, o mediante criptomonedas, especialmente Tether.
Una postura europea fragmentada
El estudio pone el acento en las inconsistencias europeas. Solo Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, la República Checa, Estonia, Kosovo, Letonia, Lituania, Serbia y Eslovenia clasifican a Hezbolá íntegramente como organización terrorista. El parlamento suizo votó una prohibición en diciembre de 2024. La mayoría de los demás países, entre ellos Francia y Austria, mantiene la designación terrorista únicamente para el ala militar, con el argumento de conservar canales de diálogo con un actor presente en el parlamento libanés.
Según Khatib, esa distinción crea zonas grises que la organización explota: en Austria, sus miembros pueden fundar asociaciones, operar cuentas bancarias, recolectar donaciones y mover fondos sin mayores controles. Los autores del informe reclaman una clasificación coordinada en toda la Unión Europea y un alineamiento con los Estados Unidos, que ya designaron como terrorista al cartel venezolano Tren de Aragua, con el que Hezbolá mantendría vínculos operativos.
De país de tránsito a potencial país productor
La preocupación adicional es sanitaria. Antonio Hubbard, exagente de la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense, advirtió en declaraciones a la ARD que “ningún país de tránsito permanece como simple país de tránsito”, y pronosticó que el Captagon podría empezar a producirse en Europa Central. En un juicio en Baviera, un implicado en otra red admitió que planeaba trasladar maquinaria a Austria para fabricar una tonelada de comprimidos cada 20 días: unas 18 toneladas anuales, o cerca de 8,5 millones de pastillas.
Para la Argentina, la historia combina dos planos de interés directo. Por un lado, muestra cómo el crimen organizado internacional aprovecha vacíos legales en países centrales, un debate que resuena en la discusión local sobre lavado de activos y narcotráfico. Por otro, recuerda que la financiación del terrorismo, tema sensible tras los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) en Buenos Aires, se juega en una escala global y por carriles cada vez más sofisticados, con criptomonedas incluidas.
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