Nota actualizada
Buenos Aires (AT) – Los probables socios de un nuevo gobierno de coalición en Alemania -CDU / CSU y SPD – encaran desde el miércoles la fase de ratificación de su flamante contrato de coalición. Si los respectivos entes partidarios encargados de autorizar el contrato dan su visto bueno, Alemania podría tener para mediados de mayo finalmente un nuevo Ejecutivo. Su probable nuevo canciller, Friedrich Merz (CDU). Es por eso que, en las próximas semanas, todos los focos estarán puesto en esta figura denominada como “contrato de coalición”, que ordena -en el mejor de los casos- el trabajo de los partícipes a lo largo un período legislativo, tras unas elecciones federales.
Para entender el alcance de un contrato de coalición es importante saber que el instrumento no figura en la Constitución pero que define buena parte del rumbo político. Más que un compromiso entre partidos, se trata entonces de un esquema de trabajo, una guía de prioridades y un pacto de gobernabilidad.
Un acuerdo político, no un documento legal
En Berlín, los equipos de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) han iniciado conversaciones para llegar a un nuevo contrato de coalición. A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas parlamentarios, en Alemania este acuerdo no tiene un formato fijo, ni es jurídicamente vinculante. Sin embargo, su influencia es decisiva.
Un contrato de coalición es el resultado escrito de una serie de negociaciones entre partidos que buscan conformar un gobierno conjunto. En términos políticos, funciona como una “base de negocios”, como lo definió el exjefe de la bancada del SPD, Rolf Mützenich. “Es como un contrato a plazo entre partes, donde se explicita lo que están dispuestas a exigirse mutuamente, y también lo que desean alcanzar juntas”, declaró el dirigente al medio BR24.
Contenido y estructura del contrato
Aunque su formato puede variar, los contratos de coalición suelen seguir un esquema común. Comienzan con una introducción política, siguen con capítulos dedicados a las principales áreas de gobierno —economía, salud, educación, clima, migración— y finalizan con un apartado operativo que detalla la distribución de ministerios, el funcionamiento del gabinete y las pautas de coordinación parlamentaria.
En general, los partidos se comprometen a votar de manera unificada en el Bundestag (parlamento federal), como forma de asegurar estabilidad en la gestión.
Uno de los contratos más extensos en la historia reciente fue el de la coalición “semáforo” (SPD, Verdes y FDP) en 2021, cuyo texto mencionaba la palabra “clima” 51 veces, lo que evidenciaba una prioridad central para esa alianza.
Una práctica reciente, pero ya instalada
Aunque en el pasado algunas coaliciones gobernaron sin contrato formal, hoy es habitual que este documento se redacte y se haga público. “Hay un deseo creciente de que la ciudadanía esté más informada sobre lo que acordaron los partidos”, explicó Mützenich. Por eso, la versión escrita permite tanto a medios como a grupos de interés revisar el contenido y ejercer presión o control político.
El contrato no reemplaza la ley ni obliga legalmente a las partes. Pero tiene un peso político que condiciona el accionar del gobierno. Quienes lo firman —generalmente los líderes partidarios— asumen el compromiso de respetar lo acordado. En la práctica, romper el contrato sin previo aviso puede erosionar la confianza entre socios y poner en riesgo la coalición.
Negociaciones complejas y sin receta única
Cada proceso de negociación es diferente. No hay un procedimiento único ni plazos definidos. En algunos casos, los acuerdos se logran en semanas; en otros, se prolongan por meses. En esta ocasión, el presidente de la CDU, Friedrich Merz, prometió celeridad, aunque varias voces dentro de la coalición señalan que el calendario previsto, que apuntaba a cerrar el acuerdo cerca de Pascua, podría demorarse.
Las conversaciones suelen incluir fuertes contrapuntos ideológicos. Uno de los mecanismos habituales para destrabar diferencias es el “trueque político”: una parte cede en un área a cambio de concesiones en otra. Por ejemplo, la SPD puede aceptar restricciones migratorias propuestas por la CDU si esta acepta implementar medidas más redistributivas en política económica.
Para Mützenich, la clave está en la perseverancia. “No hay una fórmula mágica. Hay que tener paciencia y no dejarse provocar. Además del debate interno, hay mucha presión externa de organizaciones, sindicatos y medios que quieren meter sus temas en el contrato”, afirmó.
Objetivos: consenso, orden y gobernabilidad
En su mejor versión, un contrato de coalición es un punto de equilibrio entre programas partidarios. La idea es que los principales desacuerdos se salden durante la negociación, para evitar choques en el ejercicio del poder. En términos simbólicos, el contrato suele reflejar los resultados electorales: quien obtuvo más votos suele tener mayor peso en el texto, aunque la redacción final intenta dar una imagen de cooperación entre iguales.
Además de ordenar el trabajo, el contrato funciona como herramienta de disciplina interna. Se espera que tanto ministros como legisladores se ajusten a lo pactado, aunque surjan nuevas tensiones durante el mandato.
Confianza: el factor invisible
Más allá de lo escrito, el funcionamiento de una coalición depende en gran parte de la confianza entre los socios. Ese capital político no siempre está garantizado desde el inicio. “El contrato se firma cuando la confianza todavía está en construcción”, reconoció Mützenich, quien participó en varias negociaciones como representante del SPD.
Sobre la ruptura reciente de la coalición “semáforo”, el dirigente fue categórico: “Quizás nunca hubo una confianza real”. Esta reflexión apunta a uno de los límites del contrato: su eficacia depende de la voluntad política de cumplirlo, no de sanciones legales.
¿Qué pasa si no se cumple?
En términos jurídicos, nada. El contrato de coalición no puede ser ejecutado en tribunales ni impone consecuencias legales directas. Sin embargo, su incumplimiento tiene costos políticos. Las disputas públicas entre socios, los desacuerdos legislativos o las decisiones unilaterales pueden deteriorar la imagen del gobierno y debilitar la alianza ante la opinión pública.
La experiencia alemana muestra que muchas coaliciones han sobrevivido a desacuerdos puntuales. Otras, como la última alianza entre socialdemócratas, verdes y liberales, han terminado en ruptura cuando las tensiones superaron los márgenes del acuerdo.
La escena actual: promesas de rapidez, dudas de fondo
Aunque Merz y los suyos buscan cerrar rápido el acuerdo, sectores dentro de la CDU y el SPD advierten que hay diferencias profundas que pueden trabar el entendimiento. El debate sobre el rumbo económico, las políticas migratorias y el financiamiento de la transición energética aparecen como los principales focos de disputa.
Mientras tanto, crece el interés público por conocer el contenido del eventual contrato. En un contexto europeo marcado por la incertidumbre, la inflación y la guerra en Ucrania, el rumbo que adopte Alemania será clave para el bloque.
El contrato de coalición es una pieza central del sistema político alemán. No es una formalidad ni un texto decorativo: marca el tono, la dirección y los límites de cada gobierno. Aunque no tiene fuerza de ley, su legitimidad política es altísima. En un país donde el consenso es parte de la cultura institucional, este tipo de acuerdos permiten gobernar en contextos fragmentados. Lo que se negocia entre partidos puertas adentro, se transforma luego en decisiones que afectan a toda la ciudadanía.
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