El Oberverwaltungsgericht (OVG), tribunal administrativo superior de Renania del Norte-Westfalia, resolvió el pasado 12 de agosto que una docente que llevaba 16 años sin dar clases por enfermedad debía presentarse a una evaluación médica oficial. La mujer, identificada como estudiosrätin y residente en la región del Ruhr, se encontraba de licencia desde 2009, siempre con certificados médicos renovados.
Durante más de una década, el empleador —el propio Estado federado— no había intervenido, hasta que en abril de 2025 ordenó la revisión médica de la docente que lleva años con parte de enferma. La medida derivó en una disputa judicial que culminó con el fallo del OVG, favorable a la administración.
Los argumentos de la docente
La maestra había objetado la decisión del Estado, sosteniendo que después de 16 años la exigencia resultaba “incomprensible” y carente de justificación. Su defensa señaló que el prolongado silencio del empleador hacía poco razonable exigir una evaluación recién ahora. También cuestionó que se le solicitara una pericia psicológica, alegando que implicaba una intromisión en sus derechos de la personalidad.
El OVG rechazó este planteo. Los magistrados consideraron que existían indicios suficientes de problemas de salud mental y que la evaluación respondía a una obligación de cuidado del Estado empleador.
Los jueces reconocieron la inacción del Estado de Renania del Norte-Westfalia, pero no la consideraron decisiva. El proceso dejó en evidencia fallas burocráticas de larga data en la administración.
El criterio del tribunal
En su fallo, los jueces del OVG remarcaron que la prolongada inacción de la administración era “en efecto, difícil de comprender”. Sin embargo, subrayaron que ese antecedente no invalidaba la orden de someter a la maestra a un examen médico en 2025.
“El interés público exige que las funciones soberanas sean desempeñadas únicamente por funcionarios que estén en condiciones físicas y psíquicas de cumplir sus deberes”, escribieron los jueces. Y añadieron que los funcionarios “no deben ser plenamente remunerados sin contraprestación laboral”.
La resolución también aclara que la finalidad de la pericia es determinar si la docente puede reincorporarse a sus tareas o, en su defecto, debe pasar a retiro.
Contexto y consecuencias
El caso expone una falla burocrática de larga data. Desde 2009, la mujer cobró su salario sin prestar servicio y sin que la administración cuestionara la continuidad de las licencias médicas. El propio tribunal reconoció la inacción estatal, aunque aclaró que ello no podía servir de argumento para evitar la revisión.
La docente, que sufría problemas de salud mental según constaba en los certificados, deberá afrontar los costos procesales. Su identidad y lugar exacto de trabajo no fueron revelados.
El caso reabrió la discusión sobre la figura del funcionario vitalicio en Alemania. La Justicia subrayó que el interés público exige funcionarios plenamente aptos.
Debate sobre la función pública
La decisión reabrió el debate en Alemania sobre la figura del funcionario vitalicio y la dificultad que enfrenta el Estado para actuar ante casos prolongados de inactividad. Los críticos señalan que la normativa otorga a los docentes y a otros servidores públicos una fuerte protección frente a despidos, lo que en situaciones extremas puede derivar en largos períodos de licencia sin control efectivo. Para los jueces, sin embargo, la clave está en el equilibrio entre el deber de cuidado del Estado hacia sus empleados y el interés de la comunidad en que las funciones públicas sean ejercidas por personas capaces.
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