Dos casos de los denominados “cold case” recientes sacudieron la crónica policial europea. A fines de febrero, las autoridades de Coblenza detuvieron a un sospechoso de 81 años por el asesinato de la turista estadounidense Amy Lopez, cometido hace más de treinta años en las inmediaciones de la fortaleza Ehrenbreitstein.
Semanas antes, investigadores de Bremen resolvieron el crimen de Carmen Kampa, una joven asesinada en 1971, y determinaron además que los dos hombres oportunamente condenados eran inocentes. En ambos casos, el factor decisivo fue el análisis de ADN con tecnología moderna sobre muestras conservadas durante décadas. Suiza, en cambio, registra muy pocos avances comparables en la materia.
El problema de la prescripción
Christiane Trapp, jefa del área de Criminología de la Policía de Basilea-Campiña, explicó a la revista Beobachter que la baja tasa de resolución de casos fríos en Suiza no obedece a una sola causa, sino a la combinación de cuatro factores estructurales.
El primero y más determinante es legal: en Suiza, el delito de homicidio prescribe a los treinta años. “Las consecuencias son considerables”, señaló Trapp. “Incluso ante evidencia clara, el acusado no puede ser imputado. Eso reduce la motivación para reabrir casos muy antiguos con un gasto significativo de recursos.” Fiscalías y cuerpos policiales concentran sus medios en delitos que aún pueden ser perseguidos judicialmente.
El Parlamento suizo se encamina a modificar esa situación: tanto el Consejo de los Estados como el Consejo Nacional aprobaron recientemente declarar el homicidio como un delito imprescriptible, tal como ocurre con el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos sexuales contra menores. El Consejo Nacional incorporó además una ampliación del plazo de prescripción para el homicidio doloso, de 15 a 30 años. La propuesta regresó al Consejo de los Estados para su análisis. Sin embargo, la reforma solo aplicaría a los casos que no hayan prescripto al momento de entrar en vigencia la nueva ley.
Sin unidades especializadas ni exposición mediática
El segundo factor es institucional. Austria cuenta con una unidad federal dedicada exclusivamente a casos fríos, y varios estados alemanes crearon estructuras similares que revisan sistemáticamente expedientes archivados con métodos forenses actualizados.
En Suiza, donde la persecución penal es competencia de cada cantón, ese tipo de estructuras es la excepción: el cantón de Basilea-Campiña dispone de una unidad especializada, pero la mayoría de los cantones solo reabre archivos cuando llega un nuevo indicio externo.
El tercer factor es mediático. “En Alemania y Austria, los casos fríos se trabajan frecuentemente a través de formatos mediáticos, programas de búsqueda o campañas públicas orientadas a alcanzar a testigos que guardaron silencio durante años”, explicó Trapp. El tiempo juega a favor de esa estrategia: décadas después de un crimen, las personas suelen estar más dispuestas a revelar información.
“En Suiza, en cambio, la cobertura mediática es generalmente más discreta”, observó. Cuanto antes desaparece un caso del imaginario colectivo, menor es la probabilidad de que surjan nuevos testimonios espontáneos.
Una buena noticia al final
El cuarto factor matiza el panorama: Suiza tiene muy pocos casos fríos porque resuelve casi el 100% de los homicidios en el momento en que se producen. La tasa de esclarecimiento de delitos violentos graves es una de las más altas del mundo. Según una encuesta de la revista Beobachter, el total de homicidios sin resolver en todo el país no superaría los treinta casos.
El contraste con casos como el de la maestra Rita C., asesinada en Vermont en 1971 y cuyo crimen fue resuelto más de cincuenta años después gracias a una colilla de cigarrillo con ADN, ilustra tanto el potencial de las nuevas tecnologías forenses como las diferencias estructurales entre sistemas judiciales.
En Argentina, donde la prescripción de delitos graves también ha sido objeto de debate legislativo, el caso suizo ofrece una referencia concreta sobre cómo el marco legal condiciona la capacidad del Estado para hacer justicia sin límite de tiempo.
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