El error que cometen muchos extranjeros al trabajar en Suiza

Buenos Aires (AT) – A diferencia de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), los extranjeros de terceros países que residen legalmente en Europa no tienen acceso directo al mercado laboral suizo.

Aunque vivan y trabajen en países del bloque, sus derechos no se extienden automáticamente a Suiza. Las excepciones existen, pero son limitadas y con requisitos exigentes.

Ciudadanía, no residencia

El derecho a trabajar y residir en Suiza se define por la ciudadanía, no por el lugar de residencia. Los ciudadanos de la UE y de la AELC —es decir, Noruega, Islandia y Liechtenstein— pueden instalarse en Suiza y acceder al mercado laboral sin restricciones mayores. Este acuerdo bilateral rige desde 2002 y forma parte de la política de libre circulación de personas entre Suiza y la UE.

Sin embargo, esto no aplica para quienes sólo poseen permisos de residencia en países europeos sin tener la ciudadanía correspondiente. Por ejemplo, un ciudadano de Estados Unidos o del Reino Unido que viva en Francia o en Alemania no puede asumir que tiene derecho a trabajar en Suiza por ese solo hecho.

Este tipo de situaciones genera confusión. Muchos suponen que la residencia legal en el espacio Schengen otorga libertad de movimiento laboral hacia Suiza. No es así. La ley suiza exige que el trabajador tenga ciudadanía de la UE o AELC, o bien que se tramite un permiso especial, en condiciones mucho más restrictivas.

Requisitos estrictos para terceros países

Los ciudadanos de países fuera de la UE y la AELC, incluso si residen dentro de estos bloques, deben seguir el mismo camino que si vivieran en sus países de origen. Esto implica, entre otras cosas, conseguir primero una oferta concreta de trabajo en Suiza. Luego, el empleador debe iniciar el trámite para obtener un permiso laboral ante las autoridades migratorias suizas.

Este procedimiento está regulado por criterios estrictos. El empleador debe demostrar que no hay personas suizas ni de la UE o AELC disponibles para ocupar ese puesto. Además, se evalúan las cualificaciones profesionales, la experiencia laboral y la adecuación al puesto. El proceso puede tardar varias semanas y no siempre termina en aprobación.

El número de permisos para personas extracomunitarias también es limitado. En 2024, el Consejo Federal suizo estableció un máximo de 8.500 permisos de trabajo anuales para ciudadanos de terceros países: 4.500 de tipo B (residencia prolongada) y 4.000 de tipo L (residencia corta). Esta cuota se reparte entre los cantones y puede agotarse antes de fin de año.

Tener residencia en un país europeo no es un punto a favor en este proceso. La Secretaría de Estado de Migración (SEM) suiza lo aclara: el criterio central sigue siendo la nacionalidad, no la residencia.
Excepciones y flexibilidades

Existen algunas excepciones. La más relevante: quienes tienen doble nacionalidad, es decir, ciudadanía de un país extracomunitario y también de un país de la UE o la AELC. En esos casos, pueden acceder al mercado laboral suizo sin restricciones adicionales, como si fueran ciudadanos comunitarios.

Otra excepción parcial aplica a trabajadores enviados por empresas dentro del espacio Schengen. Si una persona tiene una tarjeta de residencia en un país Schengen desde hace al menos 12 meses, y su empleador lo envía temporalmente a Suiza, puede trabajar allí hasta 90 días por año sin necesidad de un permiso adicional. Esta figura se conoce como “desplazamiento temporal” y está regulada por acuerdos multilaterales.

También existe la opción del permiso G, o de “frontera”. Este se otorga a ciudadanos de terceros países que tienen residencia permanente en un país vecino y viven, como mínimo, desde hace seis meses en la zona fronteriza. Para acceder a este permiso, se requiere también una oferta laboral en el lado suizo. La persona debe regresar diariamente a su país de residencia, por lo que está pensado para quienes viven cerca de la frontera y trabajan en localidades limítrofes suizas.

En 2023, según cifras oficiales del SEM, se otorgaron unos 320 permisos G a ciudadanos de terceros países bajo estas condiciones. La mayoría provenía de regiones limítrofes de Francia y Alemania.