El Gobierno de Friedrich Merz prohibió la venta del 80% de la empresa logística alemana Zippel al gigante naviero chino Cosco. La operación ya contaba con la aprobación del organismo encargado de controlar la competencia, pero Berlín decidió frenarla por considerar que podía comprometer la seguridad del país y aumentar su dependencia de una compañía estatal extranjera.
La aparente contradicción se explica por la existencia de dos controles diferentes. La Oficina Federal de Defensa de la Competencia solamente debía establecer si la compra perjudicaba al mercado. La revisión política, en cambio, evaluó el acceso que Cosco podía obtener a infraestructura, programas informáticos e información sobre el movimiento de mercaderías entre los puertos y el interior de Alemania.
Zippel no administra una terminal portuaria, pero ocupa una posición sensible dentro de la cadena de transporte. Sus aproximadamente 350 empleados trasladan contenedores que llegan a Hamburgo y Bremerhaven mediante trenes, camiones, barcazas y conexiones con depósitos interiores. Su red ferroviaria participa en más de 3.000 servicios anuales.
La empresa que Cosco quería controlar
Fundada en 1876, Konrad Zippel creció como una compañía familiar dedicada al traslado de contenedores entre los principales puertos del norte alemán y distintos destinos interiores. Aunque su participación en el mercado ronda el 1,5%, sus sistemas permiten conocer recorridos, clientes, horarios, cargas y puntos de concentración dentro de una de las redes logísticas más importantes de Europa.
Cosco pretendía quedarse con el 80% de las acciones, mientras Axel Plass, director ejecutivo y propietario de Zippel, conservaría el porcentaje restante. El empresario defendió la operación porque esperaba asegurar nuevos cargamentos y sostener la actividad de la compañía. “El negocio se queda en Hamburgo y se conservarán todos los puestos de trabajo”, dijo cuando comenzaron los cuestionamientos.
Cosco pertenece al Estado chino y figura entre las mayores navieras del mundo, con presencia en puertos, terminales y corredores comerciales de numerosos países. Esa expansión convirtió cada nueva adquisición en Europa en un asunto que supera el análisis económico y alcanza el terreno de la seguridad nacional.
Dos permisos para una misma operación
La legislación alemana permite examinar las inversiones realizadas por compañías de países ajenos a la Unión Europea cuando pueden afectar el orden público, la defensa o sectores sensibles. El Ministerio de Economía conduce el procedimiento, pero una prohibición definitiva necesita el respaldo de todo el gabinete federal.
En abril, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución presentó objeciones por las denominadas “adquisiciones acumulativas” de Cosco. La preocupación no se limitaba a Zippel: los servicios de inteligencia evaluaron qué podía ocurrir si una empresa estatal reunía participaciones en diferentes eslabones del mismo circuito comercial.
También se analizaron los sistemas informáticos utilizados por la compañía y la posibilidad de acceder a datos sensibles. Las rutas de los contenedores revelan quién compra, quién vende, qué productos ingresan al país y dónde se almacenan. En una crisis diplomática, esa información puede adquirir un valor estratégico mucho mayor que el tamaño de la empresa involucrada.
Después de la reunión del gabinete, el Ministerio de Economía justificó el veto con una advertencia contundente: “La adquisición habría profundizado las dependencias y puesto en peligro la resiliencia de las cadenas de suministro de Alemania y la Unión Europea”.
El antecedente que endureció a Friedrich Merz
La discusión inevitablemente recordó el ingreso de Cosco en la terminal de contenedores Tollerort, situada en el puerto de Hamburgo. La naviera pretendía comprar el 35%, pero las resistencias dentro del Gobierno obligaron a reducir la participación al 24,99%, por debajo del límite que le habría concedido mayores derechos de decisión.
La autorización definitiva llegó en 2023 bajo el Gobierno de Olaf Scholz y provocó una pelea interna. Economía, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores plantearon reparos, pero la Cancillería defendió un acuerdo limitado. El Ejecutivo sostuvo entonces que Cosco tendría una participación financiera sin capacidad para controlar la administración de la terminal.
El caso Zippel encontró a Alemania en un mundo diferente porque las restricciones chinas a la exportación de tierras raras y componentes industriales expusieron la vulnerabilidad de empresas alemanas que dependen de proveedores asiáticos. Al mismo tiempo, fabricantes chinos avanzaron sobre mercados dominados históricamente por la industria europea.
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