domingo, 15 de septiembre de 2024

Buenos Aires (AT) – El Tribunal Superior Administrativo de Berlín ha dictaminado que las tasas impuestas por la policía a activistas climáticos por bloquear rutas son ilegales, lo que podría tener un impacto significativo en futuros casos similares. Aunque la sentencia se refiere a un caso individual, el fallo judicial podría sentar un precedente aplicable a otros bloqueos organizados por grupos de desobediencia civil como Letzte Generation, abriendo la puerta a la devolución de grandes sumas de dinero por parte del Estado de Berlín.

¿Qué significa esta decisión para los activistas climáticos?

El caso en cuestión involucra a un activista climático que, tras ser retirado de la calzada durante una protesta, recibió una notificación de cargos por un valor de EUR 241 (US$ 267). Sin embargo, el Tribunal determinó que no había una base legal para imponer estos costos. Según el fallo, el activista no solo no tendrá que pagar la tasa, sino que el Estado también cubrirá los gastos judiciales. Esta decisión podría afectar hasta a 1.300 notificaciones similares emitidas por la policía berlinesa, lo que equivaldría a más de EUR 300 mil (US$ 332 mil) que el Estado podría tener que devolver a los activistas.

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Lilly Schubert, miembro de la asociación RAZ.

La respuesta de “Letzte Generation”

El grupo activista “Letzte Generation”, conocido por su desobediencia civil en busca de medidas más estrictas contra el cambio climático, ha acogido con entusiasmo la sentencia. El colectivo ha sido objeto de numerosas sanciones económicas por sus protestas, y consideran que esta decisión es un paso importante en la protección del derecho a la protesta. La organización financia muchas de estas tasas mediante donaciones y ya ha anunciado que espera que el fallo sirva de precedente para futuras acciones.

La protesta y la cuestión de los derechos fundamentales

Lilly Schubert, miembro de la asociación RAZ (Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft e.v. – Apoyo a una sociedad civil activa) que apoyó a “Letzte Generation” en este proceso, señaló que la decisión del tribunal subraya la importancia de la protección del derecho a la protesta, más allá de su costo económico. Según Schubert, el cobro de estas tasas ha convertido el derecho fundamental a la protesta en una cuestión de poder adquisitivo, restringiendo su ejercicio a quienes pueden permitirse pagar las sanciones.

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El grupo Letzte Generation en acción.

¿Por qué la protesta climática se enfrenta a sanciones económicas?

Desde principios de 2022, “Letzte Generation” ha llevado a cabo una serie de acciones disruptivas, incluidas manifestaciones en las que sus miembros se pegan a las rutas, bloqueando el tráfico. Estas protestas han sido criticadas por gran parte de la sociedad, que las ve como una coacción ilegal. En muchos casos, los tribunales alemanes han condenado a los activistas por delitos de coacción, imponiendo multas y, en algunos casos, penas de prisión. Sin embargo, esta nueva sentencia podría cambiar el enfoque hacia estas formas de protesta y las sanciones asociadas.

El futuro de “Letzte Generation” tras el fallo

La decisión del Tribunal Superior Administrativo de Berlín plantea una cuestión importante: ¿continuarán las autoridades imponiendo multas y tasas a los activistas climáticos? Mientras algunos tribunales han condenado a estos manifestantes por violar las leyes, otros fallos han sido más favorables a sus acciones. Este fallo podría influir en futuras decisiones judiciales, no solo en Berlín sino en otras ciudades de Alemania donde las protestas climáticas son cada vez más frecuentes.

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El fallo judicial podría sentar un precedente aplicable a otros bloqueos organizados por grupos de desobediencia civil.

Un nuevo capítulo para las protestas climáticas

El fallo del Tribunal Superior Administrativo de Berlín ha marcado un punto de inflexión en la gestión de las protestas climáticas en Alemania. Aunque la sentencia solo afecta a un caso individual, su impacto podría ser mucho mayor si se extiende a otras acciones de “Letzte Generation”. A medida que el cambio climático continúa siendo un tema de preocupación global, este tipo de decisiones judiciales tendrán un papel clave en la forma en que los gobiernos equilibren el derecho a la protesta y el mantenimiento del orden público.

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