En Alemania, casi dos millones de trabajadores por año reciben menos plata de la que les corresponde por el salario mínimo. Y el problema no siempre está en el recibo. Muchas empresas pagan la tarifa pero dejan afuera parte de la jornada, tiempos de preparación, guardias o traslados vinculados con el trabajo.
Una estimación del DGB, la principal confederación sindical alemana, dice que esas irregularidades tuvieron pérdidas por unos EUR 64.000 millones entre 2015 y 2024. El cálculo suma el dinero que no llegó a los empleados, los aportes que dejaron de entrar al sistema social y los impuestos que el Estado no cobró.
El piso salarial vigente es de EUR 13,90 brutos por hora. La cifra rige desde enero de 2026 y subirá a EUR 14,60 en 2027. A pesar de eso, la tarifa obligatoria no garantiza que todos los trabajadores la cobren por cada hora real de actividad.
Diez años de pérdidas para trabajadores y el Estado
Alemania presentó el salario mínimo nacional en 2015. Desde entonces, el DGB estima que un promedio de dos millones de personas por año recibió una remuneración inferior a la que marcaba la ley. La diferencia calculada osciló entre EUR 1,70 y EUR 2,40 por hora. El análisis se apoya en el Panel Socioeconómico Alemán, una encuesta anual que junta información de unas 30.000 personas pertenecientes a 20.000 hogares.
La suma que no llegó a los empleados alcanzaría EUR 35.000 millones durante el período estudiado. Otros EUR 22.000 millones corresponderían a aportes perdidos por los fondos de seguridad social. El Estado, además, habría dejado de recaudar cerca de EUR 7.000 millones por el impuesto a los ingresos.
Stefan Körzell, vicepresidente del DGB, reclamó una persecución más estricta del fraude salarial. El dirigente sostuvo que parte de los problemas financieros del sistema social se relaciona con empleadores que incumplen sus obligaciones. Para los sindicatos, ajustar prestaciones mientras siguen estas maniobras coloca el costo sobre quienes trabajan y cobran menos.
Horas ocultas, falsos pasantes y jornadas que no figuran
El incumplimiento no suele presentarse como una reducción directa de la tarifa: una empresa puede registrar un pago de EUR 13,90 por hora y a la vez declarar menos horas de las realizadas. Así, el recibo parece correcto, aunque el valor real de la jornada queda por debajo del mínimo legal. Entre las prácticas detectadas hay horarios incompletos o registros por completo falsos. También casos de trabajadores presentados como pasantes para aplicar una excepción que no corresponde.
Los períodos de guardia son otro problema, y lo mismo ocurre con los viajes sin pasajeros en algunas actividades de transporte.
La Dirección General de Aduanas también detectó acuerdos en los que empleados aceptan cobrar menos por temor a perder su trabajo. La aceptación no vuelve legal el pago. Pero la relación desigual entre las partes dificulta que la persona afectada denuncie la situación. Y el temor es todavía mayor entre quienes tienen contratos breves, desconocen la legislación o dependen de un empleador para conservar su residencia.
La BDA, que representa a los empleadores alemanes, cuestionó la precisión del cálculo sindical. La organización advirtió que las encuestas pueden contener errores porque las personas no siempre recuerdan con exactitud sus horas o ingresos.
Controles escasos frente a un fraude difícil de detectar
La Aduana alemana controla el cumplimiento mediante su unidad de Fiscalización del Trabajo No Declarado. En 2024 se iniciaron casi 6.200 investigaciones por posibles infracciones a la ley de salario mínimo. Cerca del 45% fue para pagos inferiores o realizados fuera de término. La mitad de los procedimientos estuvo relacionada con fallas en la documentación. Y el 5% restante sumó otras irregularidades. Las multas aplicadas durante ese año sumaron aproximadamente EUR 25,4 millones.
Para la DGB, cada empresa alemana recibiría una inspección apenas una vez cada 140 años si se mantuviera el ritmo actual. Con esa frecuencia es poco probable detectar una maniobra y bajar el efecto preventivo de las sanciones.
La confederación sindical también apunta a que quedan vacantes unos 2.500 puestos autorizados por el Parlamento para reforzar el área encargada de las inspecciones. El problema es que la falta de personal limita la cantidad de empresas que pueden revisarse. También complica las investigaciones cuando las maniobras implican reconstruir horarios, contratos y pagos durante varios meses.
Los sindicatos, por su parte, piden más inspectores, controles sin aviso previo y sanciones capaces de desalentar el fraude. Además, reclaman fortalecer los convenios colectivos, porque los lugares con representación sindical suelen tener mejores herramientas para vigilar salarios y horarios.
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