Buenos Aires (AT) – A una semana de la presentación del programa de gobierno del canciller Friedrich Merz ante el Bundestag, la política migratoria anunciada por el nuevo Ejecutivo ya muestra efectos concretos. Además de la intensificación de los controles fronterizos, se puso en marcha una nueva directiva que autoriza a la Policía a rechazar solicitudes de asilo en el ingreso al país.
Según un sondeo realizado por el instituto YouGov para la agencia DPA, el 75 % de la población alemana respalda la medida. La encuesta revela que un 50 % de los consultados la apoya de forma categórica, mientras que un 25 % lo hace con reservas. Solo el 16 % expresó su rechazo.
Estas cifras refuerzan el rumbo trazado por Merz, quien en su discurso ante el Parlamento remarcó que Alemania había permitido “demasiada inmigración descontrolada” desde 2015. También aseguró que parte de la recuperación económica y de la seguridad social dependerá de ordenar el flujo migratorio. La propuesta ya genera repercusiones tanto dentro como fuera del país.
El nuevo marco migratorio
El responsable directo de la reforma es el ministro del Interior, Alexander Dobrindt. Apenas asumió el cargo, firmó una instrucción que permite devolver a solicitantes de asilo en los pasos fronterizos del país. La medida no se aplicará de forma indiscriminada. Están excluidas las mujeres con hijos pequeños, las personas embarazadas, los enfermos graves y otros grupos considerados vulnerables.
Dobrindt pertenece a la Unión Social Cristiana (CSU), fuerza aliada de la CDU de Merz en el gobierno de coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD). Desde Baviera, su bastión político, Dobrindt defendió que las decisiones del Ejecutivo buscan proteger el orden público y preservar el equilibrio de los sistemas de asistencia social. “No se trata de cerrar Alemania al mundo, sino de evitar abusos y asegurar recursos para quienes realmente los necesitan”, afirmó.
El ministro también aclaró que la devolución en frontera no implica negar el derecho al asilo, sino que busca canalizarlo por vías legales, desde países considerados seguros o a través de cuotas de reasentamiento definidas por organismos internacionales.
Apoyo interno, tensiones externas
El respaldo de la ciudadanía a la nueva política migratoria le da al gobierno margen para sostener la línea dura. Sin embargo, los vecinos europeos expresaron su desacuerdo. Autoridades de Polonia, Austria y Suiza consideraron que las nuevas prácticas podrían violar acuerdos regionales y tratados internacionales. La crítica más fuerte provino del Ministerio del Interior austriaco, que calificó la medida como “contraria al espíritu de cooperación europea”.
Desde Bruselas, la Comisión Europea pidió explicaciones a Berlín, aunque evitó por el momento iniciar un procedimiento formal. La devolución de solicitantes de asilo en frontera entra en tensión con la normativa europea vigente, que exige analizar cada caso individualmente una vez que el solicitante pisa suelo comunitario. La excepción es cuando el solicitante proviene de un “país seguro”, categoría que aún genera interpretaciones dispares.
Alemania argumenta que la medida es transitoria y responde a un contexto extraordinario. El Ejecutivo sostiene que el sistema migratorio del país sufrió un desgaste prolongado, y que la presión sobre las escuelas, hospitales y servicios sociales volvió insostenible el modelo actual. Según datos del Ministerio del Interior, solo en 2024 llegaron a Alemania más de 180.000 nuevos solicitantes de asilo.
Seguridad, economía y política
La reforma migratoria se inserta dentro de los tres ejes principales del nuevo gobierno: seguridad, prosperidad y cohesión. Merz retomó la consigna histórica “prosperidad para todos”, asociada al llamado “milagro alemán” de posguerra. Para lograrlo, propuso reducir impuestos, mejorar la infraestructura y limitar la burocracia. También sostuvo que era necesario ordenar el mercado laboral, donde una parte de la inmigración reciente no logró integrarse plenamente.
En su declaración ante el Bundestag, el canciller fue claro: “No somos un país hostil a los migrantes. Somos un país que necesita reglas claras”. Su mensaje busca responder tanto a las demandas internas como a la presión externa. Mientras sectores de derecha reclaman controles más estrictos, parte del electorado joven y urbano pide políticas más inclusivas.
La nueva normativa también tiene impacto directo en la agenda europea. Alemania sigue siendo uno de los principales destinos de solicitantes de asilo en el continente. Cualquier cambio en su política migratoria afecta al conjunto de la región. El Ejecutivo de Merz apuesta a coordinar con socios estratégicos, como Francia e Italia, un nuevo acuerdo de reparto de responsabilidades.
El uso del fondo de infraestructuras —que podría alcanzar EUR 500.000 millones en los próximos doce años— también estará condicionado por la evolución de la situación migratoria. El gobierno buscará evitar que los recursos destinados a modernizar el país terminen absorbidos por el gasto social.
Hacé tu comentario