Buenos Aires (AT) – El debate sobre los costos reales de los vuelos con aerolíneas low cost sumó un nuevo capítulo. Esta semana, quince organizaciones europeas de defensa del consumidor presentaron una denuncia formal contra siete compañías aéreas por aplicar lo que consideran tarifas ilegales sobre el equipaje de mano.
El reclamo se dirige a easyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizz Air. Todas ellas fueron acusadas de ignorar un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que los pasajeros no deben pagar un cargo adicional por llevar un equipaje de mano que cumpla con requisitos razonables de peso y tamaño.
Las asociaciones piden a la Comisión Europea que abra una investigación sobre estas prácticas. Argumentan que los recargos aplicados en la actualidad violan los derechos básicos de los consumidores y desobedecen una resolución judicial vinculante.
Un fallo claro y un incumplimiento sistemático
En 2014, el TJUE dictó una sentencia que estableció un principio fundamental: si el equipaje de mano cumple con las normas de seguridad y tiene dimensiones razonables, no puede estar sujeto a un pago adicional. Esta decisión surgió a partir de un caso en España, donde un pasajero fue obligado a pagar un cargo extra por llevar una pequeña valija en cabina.
Desde entonces, las aerolíneas ajustaron sus políticas, pero, según los denunciantes, no lo hicieron para respetar el fallo. Por el contrario, rediseñaron sus condiciones de transporte para imponer límites más estrictos al tamaño del equipaje gratuito y establecer cargos adicionales si el bulto supera esas medidas. Es decir, cobran por lo que antes se consideraba parte del servicio.
Los estándares varían entre empresas. En Ryanair, por ejemplo, el tamaño permitido sin cargo es de 40x20x25 cm. En Wizz Air, 40x30x20 cm. En ambos casos, esto excluye a la mayoría de las valijas de cabina tradicionales, de 55 cm de alto o más. Para poder subir una valija con ruedas, el pasajero debe pagar.
Los montos tampoco son menores. Según un relevamiento de las organizaciones denunciantes, las tarifas adicionales pueden ser muy altas. En Ryanair, suman EUR 36. En easyJet, EUR 43. En Vueling, el cargo puede alcanzar EUR 280 si se agrega el equipaje en el aeropuerto y no al momento de la compra.
Reclamo colectivo y posibles sanciones
Las organizaciones que impulsan la denuncia incluyen a UFC-Que Choisir y CLCV, dos de las principales entidades de defensa del consumidor en Francia. También participan agrupaciones de otros países europeos, como Bélgica, Italia y España.
El escrito fue enviado tanto a los organismos nacionales de protección del consumidor —como la DGCCRF en Francia— como a la Comisión Europea. El objetivo es iniciar una investigación a escala europea y aplicar sanciones a las aerolíneas si se comprueba que infringieron la normativa.
Los denunciantes sostienen que las compañías aplican una estrategia comercial basada en “cargos ocultos”. Afirman que la práctica no solo contradice la sentencia del TJUE, sino que también impide comparar precios de manera clara y perjudica a los consumidores más vulnerables.
Además, alertan sobre un problema de transparencia. Las medidas del equipaje gratuito varían según la empresa. Lo que es válido en una aerolínea no lo es en otra. Esto genera confusión, obliga a los pasajeros a revisar condiciones distintas en cada vuelo, y deja espacio para cobros inesperados.
Respuesta pendiente de Bruselas
Por el momento, la Comisión Europea no confirmó si avanzará con la investigación solicitada. Las asociaciones esperan una respuesta oficial en las próximas semanas. Mientras tanto, insisten en que la situación actual representa una violación al principio de protección del consumidor que rige en la Unión Europea.
En términos legales, la queja se basa en el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la UE. Esta norma establece que las tarifas y condiciones aplicadas por las aerolíneas deben ser transparentes y no discriminatorias.
El artículo 23 de dicho reglamento obliga a las compañías a informar el precio final del billete, incluyendo todos los recargos obligatorios, de forma clara y desde el inicio del proceso de reserva. Los denunciantes afirman que los cargos por equipaje violan este artículo, ya que aparecen en etapas avanzadas de la compra o incluso después.
Según datos de la Comisión Europea, las aerolíneas de bajo costo representan más del 40% del tráfico aéreo intraeuropeo. Ryanair lidera con 173 millones de pasajeros transportados en 2023. La presión sobre estas empresas es alta, ya que sus políticas afectan a millones de usuarios por año.
Las aerolíneas, por su parte, no respondieron aún de manera oficial a la denuncia colectiva. En otras ocasiones, han defendido su modelo de negocio argumentando que separar servicios permite ofrecer tarifas base más bajas. También señalan que los pasajeros pueden optar por no llevar equipaje adicional.
Una disputa que se suma a otras
Este no es el único frente abierto entre las aerolíneas y los organismos de protección al consumidor. En los últimos años, varios países europeos impusieron multas a empresas por prácticas similares. En Italia, Ryanair recibió en 2018 una sanción de EUR 3 millones por su política de equipaje. La medida fue luego anulada por un tribunal, pero el caso sentó precedente.
En España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también llevó a las aerolíneas a los tribunales por motivos parecidos. Y en Francia, la DGCCRF ha emitido advertencias por cargos excesivos y publicidad engañosa.
El reclamo actual busca una solución integral. No se trata de casos individuales, sino de una estrategia comercial extendida. Las organizaciones piden que se garantice un estándar común: que todo pasajero pueda llevar una valija de cabina razonable sin pagar más.
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