Buenos Aires (AT) – En Alemania, la responsabilidad fiscal se erige como un pilar fundamental. Y esto corre tanto para el Gobierno federal como para los 16 estados federados cuando de deuda se trata. El país europeo está comprometido a una administración económica austera. Esto incluye no tomar préstamos adicionales. Dicha política, única entre las naciones del G7, impone límites estrictos a la acumulación de nueva deuda.
Los cimientos de esta disciplina financiera están anclados en la Ley Fundamental alemana (Grundgesetz). En el Artículo 109, Párrafo 3, se establece que “los presupuestos federales y estatales deben equilibrarse fundamentalmente sin ingresos provenientes de préstamos”. Esto significa que el Estado solo puede gastar según sus ingresos, derivados de impuestos y tasas.
El origen de esta política fiscal data del 2009, durante el mandato de la Canciller Angela Merkel. En plena crisis financiera y económica global, se tomó la decisión de implementar esta medida con el objetivo de salvaguardar la capacidad financiera del Estado.
Entre los años 2014 y 2019, se logró mantener los presupuestos equilibrados. El entonces Ministro de Finanzas Federal, Wolfgang Schäuble, fue el artífice de este logro al presentar un presupuesto equilibrado por primera vez en 45 años.
En tanto, el caso de Argentina no puede ser más diferente. Como se sabe, es un país con serios problemas de endeudamiento a lo largo de su historia.
Argentina y la deuda eterna
En total, Argentina incurrió en el incumplimiento de su deuda soberana internacional en nueve ocasiones. Tres veces fueron durante las últimas dos décadas. En 2001, el gobierno no cumplió con más de US$ 132 mil millones en deuda soberana federal. Hacia fines de 2019, Argentina debía alrededor de 3 US$ 23 mil millones a, entre otros, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Club de París y tenedores privados de bonos. En mayo de 2020, Argentina volvió a incumplir (y reestructurar) el pago de sus bonos soberanos internacionales.
Argentina atravesó dos procesos de reestructuración de deuda soberana, primero entre 2005 y 2016 y luego en 2020. Pero no todas son malas noticias: el país aprendió algunas lecciones de estos procesos. En especial en la reestructuración de 2005-2016, que contribuyó a un proceso más eficiente en 2020.
Tras la crisis de 2001, muchos argentinos culparon, y aún culpan, al FMI por imponer condiciones severas que empeoraron la ya precaria situación económica del país. El presidente argentino Alberto Fernández suele criticar el préstamo de 2018 del FMI, el más grande en la historia del organismo.
El FMI suele condicionar sus préstamos a reformas gubernamentales destinadas a frenar los déficits descontrolados, lo que se traduce en recortes de subsidios, reducción del gasto y malestar público. Pero en el caso de Argentina, los problemas estructurales en la economía política sirvieron como caldo de cultivo para llegada a la presidencia del libertario y anarco-capistalista Javier Milei. Para la población, el ajuste fiscal podría ser la medicina amarga que el país necesita para salir de su espiral económica descendente.
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