Más de 1.000 juristas alemanes decidieron aumentar la presión sobre el Gobierno y el Bundestag. Mediante una carta abierta, reclamaron el inicio de un procedimiento para determinar si Alternativa por Alemania (AfD) debe quedar fuera del sistema político.
La iniciativa reunió exactamente 1051 firmas. Entre los adherentes aparecen abogados, jueces, fiscales, especialistas de la administración pública, profesionales de empresas y estudiantes en formación jurídica. La cifra duplicó en pocos días el respaldo inicial obtenido durante julio. Sostienen que AfD desarrolla una política incompatible con la dignidad humana y con el principio democrático establecido por la Constitución. Y consideran que esperar nuevas pruebas expone al país a un daño institucional.
La carta no produce ningún efecto automático. Los juristas pueden reclamar el procedimiento, pero no decidir una ilegalización. Esa facultad pertenece exclusivamente al Tribunal Constitucional, que debería analizar los objetivos, las acciones y la capacidad real del partido para concretar su programa.
Una carta que duplicó sus apoyos en diez días
El documento fue impulsado por la Asociación Republicana de Abogadas y Abogados (RAV, por sus siglas en alemán). La entidad presentó el texto a mediados de julio de 2026 con el respaldo de 525 profesionales del derecho. Diez días después, la cantidad de adhesiones superó las mil, con la incorporación de representantes de distintas áreas de la Justicia y del ejercicio privado. La asociación pidió una respuesta al Gobierno de Friedrich Merz y a los diputados del Bundestag.
La presidenta del RAV, Angela Furmaniak, sostuvo que los profesionales del derecho deben defender la dignidad humana. Según su postura, la Ley Fundamental ofrece una herramienta que las autoridades deberían utilizar antes de que AfD pueda ejecutar políticas contrarias a la Constitución.
El reclamo se apoya principalmente en un informe elaborado por la Sociedad de Derechos Civiles, identificada como GFF. El estudio analizó más de tres millones de datos relacionados con discursos, publicaciones, documentos partidarios y declaraciones de dirigentes.
Los autores del informe concluyeron que AfD viola el principio de dignidad humana del artículo 1 de la Ley Fundamental. También señalaron posibles conflictos con el principio democrático incluido en el artículo 20.
Los firmantes consideran que el partido distingue entre ciudadanos según su ascendencia, religión y origen familiar. La carta también menciona expresiones racistas, antisemitas, islamófobas y contrarias a las personas LGBT. Para sus impulsores, esas declaraciones no corresponden a episodios aislados. Formarían parte de una orientación política sostenida.
AfD rechaza esas acusaciones. Sus dirigentes presentan los pedidos de ilegalización como un intento de retirar de la competencia a una fuerza opositora. El partido también utiliza el debate para reforzar su discurso contra las instituciones tradicionales.
Qué necesita Alemania para ilegalizar a AfD
El procedimiento aparece regulado por el artículo 21 de la Ley Fundamental. Esa norma permite declarar inconstitucionales a los partidos que busquen perjudicar o eliminar el orden democrático libre. También contempla a las organizaciones que pongan en riesgo la existencia de la República Federal.
Solo tres instituciones pueden presentar la solicitud. Son el Gobierno federal, el Bundestag y el Bundesrat, que representa a los estados alemanes. Ningún juez, fiscal, asociación civil o grupo de ciudadanos puede iniciar el proceso por su cuenta. La decisión final corresponde al Tribunal Constitucional Federal, con sede en Karlsruhe. El Gobierno no puede ordenar la disolución mediante un decreto. El Parlamento tampoco puede aprobarla mediante una votación ordinaria.
El tribunal debería estudiar documentos, discursos, resoluciones internas y conductas de los dirigentes. También tendría que establecer si esas posiciones representan al partido completo. Las expresiones de afiliados individuales no bastan por sí solas.
La Justicia alemana aplica requisitos exigentes porque una ilegalización afecta la competencia democrática. La herramienta se considera una defensa excepcional frente a organizaciones que utilizan las instituciones para intentar destruirlas desde adentro.
El antecedente más importante es de 2017. El Tribunal Constitucional estudió un pedido contra el Partido Nacionaldemócrata de Alemania, conocido como NPD. Los jueces identificaron objetivos contrarios a la Constitución, pero rechazaron su ilegalización.
Por entonces, el NPD tenía escaso apoyo electoral e influencia reducida, por lo que el tribunal entendió que no existían posibilidades suficientes de que pudiera ejecutar su programa.
AfD, en cambio, consiguió el 20,8% de los votos en las elecciones federales de 2025 y se convirtió en la principal fuerza opositora. Su peso electoral podría influir en el análisis sobre su capacidad política. Ese resultado no prueba por sí solo una conducta inconstitucional. La popularidad no transforma automáticamente a un partido en una amenaza jurídica. El tribunal debería separar el respaldo electoral de las pruebas sobre sus objetivos.
La situación judicial de AfD complica el pedido
La carta apareció en un momento jurídico particular. En mayo de 2025, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución clasificó a AfD como una organización de extrema derecha confirmada. Esa decisión habilitaba instrumentos de vigilancia más amplios.
El partido presentó una demanda. Primero, la agencia suspendió temporalmente la aplicación de la categoría. Después, en febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Colonia prohibió utilizarla hasta que termine el proceso principal.
La resolución cautelar no declaró inocente a AfD ni negó la existencia de sectores con posiciones contrarias al orden constitucional. El tribunal consideró que las pruebas disponibles no alcanzaban, en esa instancia, para atribuir esa condición al partido completo.
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