Buenos Aires (AT) – Las protestas de productores rurales en varios países de Europa durante los primeros meses de 2024 dejaron al descubierto una problemática persistente: la falta de condiciones justas en la cadena de valor alimentaria. Los precios en góndola aumentaron con fuerza en los últimos años, pero los beneficios rara vez llegan a quienes producen los alimentos.
Mientras el consumidor paga más, los productores reciben menos, lo que genera tensiones cada vez más profundas en el sector agropecuario europeo.
Los precios suben, las ganancias no llegan al campo
En marzo de 2023, la inflación en alimentos alcanzó un récord del 15 % en la Unión Europea. En Alemania, los precios que pagan los consumidores subieron casi un 30 % en comparación con 2021. Sin embargo, los costos de producción y energía bajaron. Esa desconexión entre los precios finales y lo que reciben los productores refleja un problema estructural.
La proporción de los precios minoristas que llega a los agricultores viene disminuyendo desde hace décadas. En Alemania, los productores recibían apenas el 21,7 % del precio de venta al público en 2021, y esa cifra siguió cayendo. En el caso del pan, el retroceso es llamativo: en 1970, el productor obtenía el 19,2 % del precio; en 2022, esa participación cayó al 5 %.
El sector lechero también atraviesa una crisis prolongada. Entre 2014 y 2024, el precio que cobraron los productores de leche no cubrió los costos crecientes de producción. Muchas explotaciones funcionan con pérdidas y dependen de subsidios para continuar.
Concentración y contratos injustos
Uno de los factores centrales es la concentración en los eslabones intermedios de la cadena. Un pequeño grupo de procesadoras y cadenas de supermercados controla una porción muy grande del mercado. En Alemania, por ejemplo, solo cuatro minoristas concentran el 85 % del mercado alimentario. Esta estructura favorece negociaciones desiguales, donde los productores tienen escaso poder de negociación.
El caso de las cooperativas merece una mención aparte. Aunque fueron fundadas con fines solidarios, muchas actúan hoy como grandes empresas tradicionales. En Alemania, estas cooperativas procesan el 70 % de la leche, pero están exentas de muchas obligaciones contractuales. Priorizar el precio más bajo perjudica a los productores asociados.
Un ejemplo de desequilibrio se observa en la limitación del poder de los grupos de productores. Mientras gigantes como Arla o DMK –que proyectan una fusión– podrían controlar hasta el 13 % del volumen de leche en la Unión Europea, las organizaciones dirigidas por productores no pueden superar el 4 % de participación. Esa asimetría impide que los pequeños productores accedan a mejores condiciones de venta.
En paralelo, las reglas actuales permiten que, en muchos países, los tamberos entreguen su producción sin conocer el precio que recibirán. Es una situación impensada en otros sectores económicos. Francia y España implementaron normas más estrictas. Allí, los contratos escritos son obligatorios y se prohíbe la venta por debajo de los costos de producción. En Alemania, propuestas similares fueron frenadas por los lobbies agrícolas y bloques conservadores.
Una política común debilitada y reformas en marcha
Frente a las protestas de comienzos de 2024, la reacción política resultó limitada. Bajo presión de sectores conservadores y liberales, la Política Agraria Común (PAC) fue despojada de parte de sus normas ambientales, debilitando su ya frágil componente ecológico. En lugar de abordar las causas estructurales del descontento, las decisiones oficiales recortaron regulaciones sin resolver el problema de los precios.
Sin embargo, se abrieron espacios de diálogo. La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, lanzó el “Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura”, una mesa de trabajo con actores de distintos sectores. El comisario de Agricultura, Christophe Hansen, incorporó algunas de las propuestas a su agenda.
Actualmente, se revisan dos instrumentos claves: la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales y las normas de la Organización Común de Mercados. El objetivo es avanzar hacia una estructura más equilibrada, donde los precios no se impongan desde arriba, sino que surjan desde el inicio de la cadena.
Contratos tripartitos: una posible solución
Un modelo interesante comenzó a aplicarse en Alemania, inspirado en la experiencia francesa: el contrato tripartito. En lugar de que los productores entreguen la mercadería sin saber a quién irá ni a qué precio, los acuerdos se firman entre las tres partes involucradas: productores, procesadores y minoristas. La duración típica va de tres a cinco años e incluye cláusulas de revisión trimestral que permiten ajustar precios según los costos y condiciones de mercado.
Estos contratos establecen también parámetros sobre el producto final, las estrategias de comercialización y los estándares ambientales y de bienestar animal. La lógica es la de una responsabilidad compartida. Esto no solo mejora la calidad del producto, sino que también brinda estabilidad para todos los actores y protege de la volatilidad.
Para el European Milk Board, este tipo de contratos representa un paso importante. Permitirían a los productores tener ingresos estables y planificar con mayor previsibilidad. Además, beneficiarían a los consumidores, que actualmente pagan precios elevados por alimentos producidos de forma industrial y con escaso valor agregado.
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