En Suiza el Parlamento dio un nuevo paso hacia el endurecimiento del derecho penal juvenil después de que el Ständerat respaldara el aumento de las penas máximas de prisión para adolescentes responsables de delitos violentos graves. La medida prevé duplicar de uno a dos años el máximo aplicable a quienes tengan 15 años y elevarlo de cuatro a seis años desde los 16. El cambio deberá plasmarse ahora en la legislación.
La reforma quedó estrechamente vinculada al ataque antisemita cometido en Zúrich el 2 de marzo de 2024. El caso mostró además los límites actuales del sistema: el autor tenía 15 años al momento del hecho y recibió en julio de 2026 la pena máxima entonces posible, un año de privación de libertad, junto con medidas de tratamiento y alojamiento en una institución cerrada. Esa sentencia fue apelada y todavía no está firme.
De un año a dos; de cuatro a seis
La iniciativa original fue presentada por Nina Fehr Düsel, diputada por Zúrich del Partido Popular Suizo (SVP). El Consejo Nacional la aprobó en mayo de 2025 por un margen mínimo. Además del aumento de los máximos, la propuesta incluía penas obligatorias para delitos graves, prisión para jóvenes que no colaboraran con determinadas medidas y, en los casos más extremos, la aplicación del derecho penal de adultos.
El Ständerat optó por una versión mucho más limitada. Respaldó únicamente el aumento de las penas máximas y descartó las restantes modificaciones. Su Comisión de Asuntos Jurídicos había recomendado esa solución por nueve votos contra dos, con el argumento de que permitiría responder a un pequeño grupo de autores de delitos violentos graves cuando las medidas de protección no produjeran el efecto esperado.
Daniel Jositsch, profesor de Derecho Penal y miembro independiente del Ständerat, defendió la modificación. “En estos casos extremos […] también podemos imponer una pena más dura”, sostuvo durante el debate, en referencia a tentativas de homicidio y asesinato.
El caso de Zúrich que impulsó el debate
El ataque de 2024 tuvo como víctima a un judío ortodoxo de 50 años, que recibió 17 puñaladas y sufrió heridas que pusieron en peligro su vida. El Tribunal Juvenil de Dielsdorf declaró al adolescente culpable, entre otros cargos, de múltiples tentativas de asesinato y apoyo a una organización criminal y terrorista. También dispuso medidas de protección y tratamiento.
La causa judicial estableció en primera instancia una dimensión antisemita y terrorista del episodio. Sin embargo, como la defensa presentó una apelación el 30 de julio, el fallo debe ser revisado por una instancia superior y no corresponde tratarlo todavía como sentencia firme.
Castigo o tratamiento: el punto central de la discusión
El endurecimiento fue aprobado pese a las objeciones expresadas por especialistas y por el Gobierno federal. La Comisión del Ständerat había escuchado a representantes de las autoridades cantonales de Justicia, expertos en persecución penal, psiquiatría juvenil y responsables de instituciones de ejecución. Según el propio Parlamento, hubo un consenso amplio entre ellos en que el sistema actual funciona y no requería un aumento general de las penas.
Beat Jans, ministro federal de Justicia, cuestionó que una amenaza penal mayor reduzca estos delitos. “Los hallazgos de la investigación hablan en contra”, afirmó. El sistema suizo prioriza la educación, el tratamiento y la prevención de nuevas infracciones, además del castigo.
Las medidas existentes pueden incluir supervisión, acompañamiento personal, tratamiento ambulatorio o internación en instituciones abiertas o cerradas. Algunas intervenciones intensivas pueden prolongarse hasta los 25 años, por lo que una condena juvenil no equivale necesariamente al final del control estatal una vez cumplida la pena privativa de libertad.
Qué muestran las estadísticas
El informe más reciente del Gobierno federal tampoco describe un crecimiento uniforme de la delincuencia juvenil. En 2024 fueron acusados 10.918 menores por delitos contemplados en el Código Penal, equivalentes al 1,2% de los menores residentes en Suiza. La cifra había caído de 14.899 en 2009 a 7.940 en 2016, luego volvió a aumentar parcialmente y se estabilizó en 2023 y 2024.
El debate, por lo tanto, no enfrenta simplemente penas “duras” contra penas “blandas”. La decisión parlamentaria intenta ampliar el margen de castigo para un número reducido de casos extremos, mientras especialistas y autoridades advierten que la prevención de la reincidencia depende también de tratamientos, instituciones adecuadas y seguimiento. El ataque de Zürich colocó esa tensión en el centro de la discusión penal suiza.
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