Alternativa para Alemania (AfD) encabeza las encuestas nacionales y tiene que hacerle frente ahora a un reclamo que atraviesa a la política alemana: llevar al partido ante el Tribunal Constitucional para conseguir su prohibición. El sondeo Forsa difundido el 27 de octubre ubicó a la ultraderecha en el 27%, seis puntos por encima de la alianza conservadora CDU/CSU.
Una filtración de correos internos permitió conocer que Alice Weidel, actual copresidenta de AfD, cuestionaba el giro del partido hacia un populismo contra los inmigrantes que calificaba de “racista” y advertía sobre el acercamiento a posiciones de la neonazi NPD.
El canciller Friedrich Merz y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, tienen sus reservas ante una prohibición. Dobrindt apuesta a quitarle apoyos a la ultraderecha con la gestión: “Tenemos que aspirar a hacer desaparecer a AfD gobernando”. Los promotores de un proceso judicial, en cambio, dicen que existen pruebas suficientes para impulsarlo.
El informe que busca fundamentar una prohibición
Uno de los apoyos de ese reclamo es el dictamen presentado en junio por la Sociedad por los Derechos Civiles (GFF), una organización alemana dedicada a la defensa de derechos fundamentales. El equipo coordinado por el jurista Bijan Moini analizó programas electorales, documentos parlamentarios, comunicados y publicaciones en redes sociales.
Según sus conclusiones, AfD persigue objetivos incompatibles con la dignidad humana y el principio democrático. El estudio identifica propuestas para degradar los derechos de determinados ciudadanos de origen inmigrante y de personas que buscan protección.
“El argumento de que una solicitud de prohibición probablemente fracasaría ya no es sostenible, a nuestro juicio”, afirmó Dana-Sophia Valentiner, integrante de la conducción de GFF, en la presentación del trabajo. AfD rechazó el diagnóstico.
La AfD dio en septiembre su primer gran impacto electoral, al ganar las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt con el 43,8% de los segundos votos, frente al 17,2% de la CDU. Obtuvo 39 escaños, tres menos de los 42 necesarios para una mayoría absoluta. La participación electoral alcanzó el 77,8%, según los resultados oficiales. Con esos números, el Parlamento regional de Sajonia-Anhalt eligió al diputado Tobias Rausch, de Alternativa para Alemania (AfD), como su nuevo presidente.
Quién puede pedir la prohibición y qué debe demostrar
El artículo 21 de la Ley Fundamental permite prohibir organizaciones partidarias que busquen menoscabar o eliminar el orden democrático y libre, o poner en peligro la existencia de la República Federal. El Gobierno carece de facultades para disolverlas por una decisión administrativa.
Para una fuerza de alcance nacional como AfD, la solicitud puede partir del Gobierno federal, del Bundestag, la cámara de diputados, o del Bundesrat, que representa a los gobiernos de los estados federados. Una organización civil puede reunir documentación y reclamar que se actúe, pero no sustituye a esas instituciones.
La jurisprudencia exige demostrar una actuación activa y planificada contra el orden constitucional, además de indicios concretos de que los objetivos perseguidos podrían realizarse. Difundir ideas contrarias a la Constitución, por sí solo, no alcanza para obtener una prohibición.
El antecedente que vuelve más incómoda la discusión
En 2017, el Tribunal Constitucional rechazó prohibir a la NPD pese a considerar que perseguía objetivos contrarios a la democracia y la dignidad humana. La razón fue su debilidad: no encontró indicios suficientes de que pudiera concretarlos.
A la luz de aquel criterio, su fortaleza electoral podría resultar relevante para evaluar su capacidad de ejecutar sus objetivos. El porcentaje de votos no constituye una inmunidad frente a la Constitución, aunque tampoco demuestra por sí mismo que corresponda prohibirla.
Alemania registra dos prohibiciones de partidos dictadas por el Tribunal Constitucional: la del Partido Socialista del Reich, de orientación neonazi, en 1952, y la del Partido Comunista de Alemania, en 1956. La NPD, hoy llamada Die Heimat, siguió otro recorrido: en 2024 quedó excluida del financiamiento estatal por seis años.
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