Buenos Aires (AT) – Ayer 4 de junio, miles de personas se reunieron frente al Congreso Nacional para conmemorar una década del primer grito de Ni Una Menos. A diferencia de otros años, la movilización no se realizó el 3 de junio, sino un día después. El colectivo feminista decidió modificar la fecha para coincidir con la protesta semanal de jubilados. El resultado fue una manifestación masiva, atravesada por reclamos diversos, unidos por un mismo eje: el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.
La consigna central de la jornada fue clara: “La deuda es con nosotras”. Pero el reclamo no se limitó a la violencia de género. La protesta también expuso el impacto del ajuste económico, la pérdida de derechos laborales y sociales, y el debilitamiento de las políticas públicas en salud, ciencia, educación y cultura. La marcha mostró, además, un grado de coordinación entre organizaciones feministas, sindicales y sociales poco frecuente en los últimos años.
Feminismo y jubilados en una misma marcha
Desde hace meses, cada miércoles, un grupo de jubilados se planta frente al Congreso con carteles, banderas y consignas para reclamar por sus haberes. Esta vez no estuvieron solos. A ellos se sumaron colectivos feministas, estudiantes, artistas, trabajadores de la salud, científicos, cuidadoras, familias de personas con discapacidad y distintas organizaciones sociales.
La decisión de Ni Una Menos de movilizarse el 4 de junio, en lugar del tradicional 3, marcó un giro. “Es importante la unidad de sectores golpeados por políticas crueles. Estamos todos siendo vulnerados desde que asumió este gobierno”, dijo Silvina, trabajadora bancaria. Julieta, empleada del Hospital Laura Bonaparte, destacó: “Apoyamos la unidad de las luchas porque todas son consecuencia de las mismas políticas”.
El resultado fue una manifestación transversal. El colectivo feminista no sólo denunció la violencia de género, sino también el impacto que el ajuste tiene sobre los servicios de atención para mujeres, niñas y personas LGBTI+. En el Bonaparte, por ejemplo, siguen vigentes 200 despidos. Las residencias interdisciplinarias en salud mental dejaron de funcionar.
El reclamo por discapacidad y el sistema de salud
Uno de los núcleos más visibles de la marcha estuvo conformado por familias de personas con discapacidad, terapeutas ocupacionales, prestadores y cuidadoras. Se movilizaron para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2027. El proyecto prevé la regularización de pagos, la actualización de aranceles y el cumplimiento efectivo de pensiones no contributivas.
Dentro del Congreso, ese mismo día, Diputados debatía el proyecto. Afuera, en la plaza, madres como la de un niño con discapacidad señalaban que las obras sociales no están pagando las terapias.
Trabajadores del Hospital Garrahan también dijeron presente. Denunciaron la eliminación de la residencia de trabajadores sociales y alertaron sobre el deterioro de los salarios y la infraestructura hospitalaria. La situación en el Garrahan, como en el Bonaparte, es reflejo del desfinanciamiento del sistema público de salud, que fue profundizándose desde el recorte presupuestario de diciembre de 2023. En ese mes, el presupuesto destinado a Salud cayó un 26% en términos reales respecto al año anterior, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
Una movilización pacífica, pero con fuerte contenido político
A pesar de que el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo mayor al habitual, no se registraron incidentes ni se aplicó el protocolo antipiquetes. El padre Francisco “Paco” Olveira, presente como cada miércoles, lo explicó así a los medios: “No reprimieron porque fuimos muchos. Cuando somos miles, este gobierno se cuida un poco más”.
Las consignas no apuntaron sólo al Poder Ejecutivo. Hubo críticas dirigidas también al Congreso y a los bloques legislativos que permitieron la aprobación de normas clave para el plan económico del presidente.
También se recordó a víctimas de la violencia estructural. Lurdes, sobreviviente del incendio del taller clandestino de Luis Viale, rememoró a Juana Quispe, fallecida cosiendo el 30 de marzo de 2006 junto a cinco chicos. “Nuestro grito es Ni una muerte más por explotación laboral. Ni una muerte más por discriminación. Basta de que nos maten”, dijo.
Una jornada que reflejó el malestar social
El 4 de junio fue una síntesis del malestar acumulado en distintos sectores. En la plaza se concentraron demandas diversas, pero atravesadas por una crítica común: las consecuencias del ajuste. En términos económicos, el recorte del gasto público en el primer trimestre del año fue del 29% real, con una caída de hasta el 40% en programas sociales, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La inflación acumulada en los primeros cinco meses del año llegó al 71,9%, según el INDEC, lo que erosionó los ingresos de jubilados, beneficiarios de AUH y trabajadores estatales. Al mismo tiempo, se calcula que más de 100.000 personas perdieron su empleo formal desde enero, según datos del SIPA.
La marcha del 4 de junio no fue un hecho aislado. Fue parte de un proceso que incluye el paro general del 9 de mayo, las movilizaciones estudiantiles del 23 de abril y las protestas semanales frente al Congreso. En ese marco, el aniversario de Ni Una Menos adquirió un nuevo significado. No sólo como recuerdo de una lucha que comenzó hace diez años, sino como reflejo de una necesidad urgente: recuperar la calle como espacio de disputa política.
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