La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un respaldo decisivo a Bayer en la prolongada disputa judicial por el herbicida Roundup. En un fallo de siete votos contra dos, el máximo tribunal revocó una condena de US$ 1,25 millones a favor de un demandante que atribuía al glifosato el desarrollo de un linfoma no Hodgkin y estableció que los estados no pueden exigir advertencias sanitarias distintas de las aprobadas por la autoridad federal. La decisión representa una de las victorias legales más importantes para la compañía alemana desde la compra de Monsanto en 2018.
La ley federal se impuso sobre las normas estatales
El caso tuvo como protagonista a John Durnell, quien sostuvo haber desarrollado un linfoma no Hodgkin tras años de exposición al herbicida Roundup y demandó a Monsanto -compañía que fue adquirida por Bayer en 2018- por no advertir en la etiqueta un supuesto riesgo de cáncer. En 2023, un jurado de Misuri le había otorgado una indemnización de US$ 1,25 millones.
Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) prevalece sobre las normas estatales cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ya aprobó el etiquetado de un producto. En la opinión mayoritaria, redactada por el juez Brett Kavanaugh, el tribunal sostuvo que obligar a Monsanto a incorporar una advertencia sobre cáncer habría implicado imponer un requisito “adicional y diferente” al exigido por la normativa federal.
La EPA mantiene desde hace años que, utilizado conforme a las instrucciones, el glifosato no presenta evidencia suficiente para ser considerado cancerígeno y, por esa razón, nunca exigió una advertencia específica en la etiqueta de Roundup.
Un alivio para Bayer tras años de litigios
La empresa alemana celebró la resolución y afirmó que el fallo “debería dar lugar a que se desestimen las demandas actuales y se eviten posibles demandas futuras” basadas en la supuesta falta de advertencias.
Además, sostuvo que “el glifosato sigue siendo el producto fitosanitario más estudiado del mundo” y que “todos los principales organismos reguladores independientes que realizaron su propia evaluación de seguridad llegaron a la misma conclusión” respecto de que es poco probable que provoque cáncer.
El director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, afirmó: “Este litigio ha supuesto enormes costes para la empresa y ha afectado a la confianza pública. La decisión hace justicia, largamente esperada. Es hora de dejarlo atrás”.
El impacto económico fue inmediato
La reacción de los mercados no tardó en llegar. Tras conocerse la decisión judicial, las acciones de Bayer llegaron a subir entre un 16% y un 19% en la Bolsa de Fráncfort, registrando su mayor avance diario en más de dos décadas. Analistas interpretaron el fallo como una reducción significativa del riesgo financiero que enfrentaba la compañía por los miles de procesos abiertos en Estados Unidos.
Bayer compró Monsanto en 2018 por unos US$ 63.000 millones y, desde entonces, heredó una ola de demandas que ya le costó más de US$ 10.000 millones en acuerdos y compensaciones. Más de 100.000 personas iniciaron acciones judiciales alegando que la exposición al glifosato les provocó distintos tipos de cáncer.
En febrero de este año, la empresa también anunció una propuesta de acuerdo por US$ 7.250 millones destinada a resolver decenas de miles de reclamos pendientes, aunque esa iniciativa no incluye todas las causas en trámite ni los expedientes que permanecen en apelación.
Un debate científico y jurídico que sigue abierto
Aunque el fallo representa un fuerte respaldo para Bayer desde el punto de vista jurídico, no clausura la controversia científica ni política en torno al glifosato.
La compañía sostiene que la EPA y otros organismos reguladores de Europa, Asia y América Latina coinciden en que el herbicida no presenta riesgos cancerígenos cuando se utiliza según las indicaciones. En cambio, organizaciones ambientalistas y abogados de demandantes cuestionaron la decisión de la Corte Suprema y advirtieron que limita la posibilidad de reclamar judicialmente por eventuales daños a la salud. Para Bayer, sin embargo, el pronunciamiento marca un punto de inflexión.
La empresa considera que la sentencia aporta previsibilidad regulatoria, fortalece el criterio de uniformidad del etiquetado federal y puede convertirse en la herramienta decisiva para cerrar un capítulo judicial que condicionó buena parte de su estrategia corporativa desde la adquisición de Monsanto.
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