La política migratoria de Alemania no deja enfrentar escollos. Ahora se supo que casi 9.000 deportaciones que ya estaban planificadas no pudieron concretarse durante 2026. En muchos casos, los vuelos estaban reservados y el operativo ya se estaba organizado. Lo insólito es que las personas que debían abandonar el país no llegaron al aeropuerto.
Los últimos datos muestran que el problema se concentra en la etapa previa al traslado. ¿Por qué? Porque las autoridades de los estados federados son responsables de localizar a los extranjeros con orden de salida y trasladarlos hasta los puntos de partida. La Policía Federal alemana interviene después en el proceso de expulsión.
Hasta mediados de agosto, 8.826 deportaciones y retornos previstos terminaron sin realizarse. En el primer semestre ya se contabilizaban 8.034 procedimientos frustrados. Entre enero y junio, Alemania consiguió expulsar a 9.663 personas. Eso significa que el número de deportaciones frustradas se acerca al de expulsiones completadas durante el mismo período. Además, las expulsiones efectivas bajaron frente al primer semestre de 2025, cuando superaron las 11.800.
Miles de deportaciones terminan canceladas antes de llegar al aeropuerto
La principal dificultad aparece cuando las autoridades intentan encontrar a una persona que ya tiene una orden de deportación. En Alemania, la organización de una expulsión involucra distintos niveles del Estado, y los estados federados alemanes deben encargarse de buena parte del procedimiento inicial y asegurar que la persona llegue al aeropuerto. En miles de casos, esa cadena se interrumpe antes del vuelo. Algunas personas dejan el domicilio registrado ante las autoridades. Otras no están presentes cuando comienza el operativo.
Antes de una expulsión forzada, quienes tienen una orden de salida de Alemania pueden recibir un período para abandonar el país voluntariamente. Si no lo hacen dentro del plazo establecido, las autoridades pueden iniciar el procedimiento de deportación.
Es decir que una persona que permanece en libertad puede cambiar de domicilio, ausentarse o desaparecer antes del operativo. Si la policía del estado correspondiente no consigue localizarla, tampoco puede entregarla a la Policía Federal para completar la expulsión.
El problema no es nuevo. Durante 2025, cerca de 18.000 deportaciones tampoco pudieron realizarse. Ese año, Alemania concretó 22.787 expulsiones, por encima de las 20.084 de 2024 y las 16.430 registradas en 2023. La evolución refleja las dificultades de la política de deportaciones alemana.
Diferencias entre los estados federados complican la política migratoria
Aunque el gobierno de Alemania define buena parte de la política migratoria, los estados federados participan directamente en la ejecución de las expulsiones. Lo cual hace que haya diferencias importantes entre regiones.
En Brandenburg, por ejemplo, se registraban 7.810 personas obligadas a abandonar el país, en tanto que se concretaron solamente 166 deportaciones. En Bremen también se registraron más procedimientos de expulsión frustrados que deportaciones realizadas durante 2025.
El tema resulta es bastante relevante porque la administración encabezada por Friedrich Merz presentó el endurecimiento de la política migratoria alemana como uno de sus principales compromisos. Además, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, impulsó mayores controles fronterizos y nuevas medidas para ampliar las expulsiones. Su cartera también avanzó con deportaciones hacia Afganistán, incluso mediante vuelos organizados específicamente para ese destino.
El costo de esos procedimientos es otro tema: los vuelos chárter de deportación pueden requerir importantes recursos públicos. Una operación anterior con 49 personas procedentes de Ghana, Camerún y Nigeria tuvo un costo de aeronave superior a EUR 380.000, y otro vuelo con 50 ciudadanos iraquíes costó EUR 261.000. Un operativo hacia Afganistán llegó a EUR 588.456. Por ese motivo, una deportación cancelada después de que el operativo ya fue organizado puede implicar gastos y recursos administrativos que no cumplen el objetivo previsto.
El gobierno busca aumentar las expulsiones pese a la caída registrada en 2026
Durante varios años consecutivos, el número de deportaciones desde Alemania subió. El país pasó de 12.945 expulsiones en 2022 a 16.430 en 2023.
En 2024 fueron 20.084 deportaciones y en 2025 llegaron a 22.787 expulsiones. Durante el primer semestre de 2026, esa tendencia se interrumpió. Las 9.663 deportaciones registradas quedaron por debajo de las más de 11.800 del mismo período del año anterior.
Aun así, el resultado quedó levemente por encima del primer semestre de 2024, cuando se realizaron cerca de 9.500 expulsiones. El gobierno pretende revertir esa caída mediante una política de deportaciones más estricta y un mayor número de operativos migratorios.
Entre las políticas más duras prometidas por el gobierno se cuenta ampliar las expulsiones hacia terceros países donde durante años resultaron difíciles o directamente quedaron suspendidas. Entre esos destinos aparece Afganistán. Alemania retomó los vuelos hacia Kabul y el Ministerio del Interior planteó la posibilidad de organizar hasta tres operaciones mensuales para trasladar ciudadanos afganos, especialmente personas condenadas por delitos. También se contemplan retornos individuales mediante vuelos comerciales.
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