Buenos Aires (AT) – Un nuevo sondeo en Austria reveló un apoyo sólido a la continuidad del servicio militar obligatorio. El 70 % de los consultados se mostró a favor de mantener este sistema, vigente desde hace décadas. Se trata de un incremento de cinco puntos respecto al año pasado. El estudio, realizado por el Instituto Gallup, indica que la defensa nacional volvió a instalarse como tema de interés entre la población.
Austria es uno de los pocos países de la Unión Europea que todavía mantienen el servicio militar obligatorio en tiempos de paz. La legislación ofrece una alternativa civil: una prestación social de nueve meses que los objetores de conciencia pueden elegir. Esta opción, sin embargo, también fue objeto de debate en el estudio, donde aparecieron opiniones divididas sobre su duración y su alcance.
Más edad, más apoyo
Los resultados muestran una diferencia clara entre generaciones. Entre los mayores de 50 años, el 79 % defiende el carácter obligatorio del servicio. En cambio, entre los menores de 30 años, el apoyo baja al 59 %. El recuerdo de conflictos pasados parece pesar en la opinión de los sectores más adultos. Según Andrea Fronaschütz, directora de Gallup en Austria, “quienes vivieron la Guerra Fría o las guerras en la ex Yugoslavia ven con otros ojos la necesidad de contar con una estructura militar”.

En 2013, los ciudadanos austríacos decidieron por referéndum mantener el servicio militar obligatorio. Fue una votación clave. Las campañas a favor de la continuidad alertaban sobre un posible colapso del sistema de asistencia social sin los jóvenes que realizan tareas comunitarias como alternativa. El argumento logró traccionar una mayoría sólida.
Austria no forma parte de la OTAN. La neutralidad del país está escrita en su Constitución desde 1955, después de la ocupación aliada posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta posición histórica influye en la percepción social sobre la necesidad de contar con una defensa nacional autónoma.
Prestación social: dudas sobre su duración y alcance
El estudio incluyó preguntas sobre la prestación social sustitutiva. El 45 % de los encuestados cree que no debería extenderse más allá de los nueve meses actuales. Un 34 % apoya que esta obligación se extienda también a las mujeres. El tema de género sigue generando controversias. Apenas el 20 % de las mujeres encuestadas está a favor de que se les imponga el servicio militar obligatorio. En los hombres, la cifra roza el 50 %.

La discusión no es nueva, pero toma impulso en un contexto europeo marcado por la inseguridad regional. La guerra en Ucrania modificó el panorama en muchas capitales del continente. Suecia, Dinamarca y Lituania, por ejemplo, reactivaron o fortalecieron sus sistemas de reclutamiento. En Alemania, parte del gobierno también plantea revisar el modelo voluntario actual.
En Austria, los jóvenes que optan por la prestación social realizan tareas en hospitales, residencias de ancianos, servicios de emergencia o apoyo a personas con discapacidad. Las organizaciones que reciben ese aporte humano dependen del flujo constante de voluntarios obligatorios. Cualquier intento de eliminar esa fuente laboral debería contemplar un plan alternativo serio.
Defensa y neutralidad: una combinación austríaca
Austria destina alrededor del 0,7 % de su PBI al presupuesto militar. La cifra está por debajo de la media europea. En 2023, el gasto en defensa fue de EUR 3.3 mil millones. Las autoridades anunciaron un aumento progresivo en los próximos años. La meta es alcanzar el 1 % del PBI antes de 2030. Las inversiones se concentran en modernización de equipos, infraestructura y capacidades de respuesta ante catástrofes.
El modelo austríaco de defensa combina un ejército profesional reducido con un componente ciudadano basado en la conscripción. La idea no es proyectar poder militar fuera del país, sino garantizar una capacidad mínima de defensa interna. La neutralidad constitucional obliga a mantener ese equilibrio. Cualquier reforma profunda requeriría un consenso político amplio.
El debate público gira en torno a dos ejes: la utilidad real del servicio obligatorio y la forma en que se distribuyen las cargas entre hombres y mujeres. Hasta ahora, los gobiernos de turno evitaron cambios de fondo.
(AT/EFE)
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