Berlín (AT) – El martes 18 de marzo marcará un antes y un después. A siete días de disolverse, el Bundestag se dispone a votar hoy el controvertido paquete de más de EUR 500.000 millones que propone Friedrich Merz, el ganador de las últimas elecciones. Pero, más importante aún, la Cámara Baja deberá decidir si autoriza una modificación en la Constitución (Grundgesetz) para financiar el proyecto con deuda. Si se aprueba, en 2035 la deuda alemana equivaldría al 90 % del Producto Bruto Interno, un nivel inédito para un país que hasta ahora ha sido sinónimo de austeridad.
De hecho, la denominada Schuldenbremse, establecida en la Constitución alemana, prohíbe cualquier endeudamiento que supere el 0,35 % del PBI por año. En 2024, el pasivo acumulado de Alemania equivalía al 62 %, superando por primera vez el límite impuesto por el Acuerdo de Maastricht a los Estados miembros de la Unión Europea.
Dado que los planes requieren una reforma de la Ley Fundamental, se necesita una mayoría de dos tercios. El Bundestag tiene actualmente 733 diputados, por lo que una mayoría de dos tercios se alcanzaría con 489 votos. El SPD (207 diputados), la CDU/CSU (196 diputados) y los Verdes (117 diputados) sumarían 520 votos. Esto supone 31 votos más de los necesarios.
Friedrich Merz y sus nuevos aliados, los socialdemócratas, negociaron a contrarreloj la semana pasada con Los Verdes para asegurarse la cantidad necesaria de votos y forzar la votación. Cualquier iniciativa que pretenda modificar el Grundgesetz requiere el respaldo de dos tercios de los diputados.
El objetivo era aprovechar la actual composición de la Cámara Baja, en la que CDU/CSU y SPD mantienen una mayoría. Sin embargo, esta tiene fecha de vencimiento en apenas siete días. El 25 de marzo, el período legislativo del actual Bundestag llegará a su fin y dará paso a la nueva conformación de fuerzas resultante de las elecciones del 23 de febrero. En ese escenario, la mayoría de dos tercios del Bundestag ya no estaría en manos de CDU/CSU y SPD.
Aun así, el resultado sigue en el aire. Merz y sus aliados apenas cuentan con una ventaja de 31 votos. Basta con que algunos diputados opten por abstenerse o voten en contra para que el proyecto naufrague. Y, en caso de que logre superar este desafío, tampoco hay nada garantizado.
Al igual que en Argentina y en otras democracias republicanas, un proyecto de ley requiere el voto positivo de dos tercios en ambas cámaras que componen el Parlamento. Así como en el Bundestag, la alianza conservadora de CDU y CSU —los partidos de Friedrich Merz y del bávaro Markus Söder— junto al SPD, tienen una mayoría tan frágil como volátil en el Bundesrat, la Cámara Alta, que representa a los Länder.
Hasta el último minuto del lunes, las críticas por la envergadura del proyecto y los cambios que implica en la Constitución alemana resonaban incluso dentro de las propias filas de Merz y sus aliados. Varias voces desaprueban la carga financiera que pesará sobre generaciones de alemanes.
Merz insiste en que la economía alemana atraviesa una crisis estructural que exige audacia y acción inmediata. La imprevisibilidad de Donald Trump, en Washington, y el hambre de poder de Vladímir Putin, en Moscú, parecen convalidar su visión. Sin embargo, es el Parlamento que tiene la última palabra. Hoy, en el caso del Bundestag.
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